viernes, 17 de octubre de 2008

Columna Revista Capital

Regulación ambiental, ¿única solución?
Artículo correspondiente al Jueves 16 de Octubre, 2008

Estamos más cerca del control regulatorio que del desarrollo de acuerdos ambientales entre los sectores público y privado.¿Eso es lo que queremos? Por Sergio Espejo

1.-El medioambiente llegó para quedarse.La prensa informa del rechazo de los estudios de impacto ambiental presentados por Hidroaysén. En el Congreso se inicia la discusión sobre una amplia reforma a la llamada institucionalidad ambiental. Es decir, cómo y cuánto regular para hacer compatibles la actividad productiva y la protección del medio ambiente. A miles de kilómetros, en medio de una de las crisis financieras más importantes de las que tengamos registro, Barack Obama y John McCain dedican parte importante de su último debate a confrontar posiciones en materia medioambiental. En resumen, las “cuestiones medioambientales” llegaron para quedarse.2.-Un buen comienzo.Nuestra regulación medioambiental y la institucionalidad asociada han sido objeto de múltiples críticas. Algunos sostienen que los estándares son insuficientes. Otros reclaman contra las evidentes dificultades de coordinación entre una variopinta colección de instituciones públicas con competencias ambientales superpuestas. En este caso, la crítica apunta tanto al exceso de controles como a su debilidad. Curiosidades de la vida: todo depende del lugar desde el cual se observen las cosas.No obstante, una mirada desapasionada muestra avances significativos. Sujeto a revisión por la OCDE en 2005, nuestro país figura por haber “fortalecido sus instituciones ambientales” e “intensificando sus iniciativas ambientales relativas al aire, el agua, los residuos y la gestión de la diversidad biológica”. La misma OCDE, que no podría ser definida como un club de la autocomplacencia, señala que estos avances se han producido con “instrumentos innovadores” y “reformas exitosas”.3.-La reforma ambiental.Sin embargo, la brecha con los estándares aplicables a los países de la OCDE, a la que tanto empeño ponemos en ingresar, es considerable. Y ello es muy importante, porque una economía que descansa crecientemente en los bienes transables, y que quiere competir con éxito, debe dar cumplimiento a las exigencias ambientales establecidas en los tratados de libre comercio y en los medioambientales multilaterales. ¿Sabía usted, por ejemplo, que alrededor del 20% de los compromisos de Chile suscritos en su Memorando de Acceso a la OCDE están vinculados, precisamente, a materias ambientales?Para avanzar en este campo, el gobierno ha presentado a tramitación parlamentaria un proyecto de ley que crea el ministerio, el servicio de Evaluación Ambiental y la superintendencia de Medio Ambiente. La discusión será ardua y el trámite no se prevé fácil, pero resulta evidente que debemos prepararnos para un entorno de negocios sometido a estándares más elevados.Para asegurar su éxito, durante la discusión legislativa debemos lograr que la nueva normativa garantice reglas que nivelen el piso de las obligaciones ambientales, instrumentos perfeccionados de fomento para facilitar la puesta al día de las empresas con estas obligaciones y una señal de calidad para los mercados internacionales.4.-Existen otros caminos.La pregunta es si la única opción para competir con éxito en mercados internacionales ambientalmente exigentes es el camino normativo e institucional propuesto por el gobierno. La respuesta es negativa. Existen instrumentos a un costo inferior a la tradicional regulación de comando y control y con estándares eventualmente superiores a los establecidos en la legislación.Por ejemplo, ¿sabía usted que los restaurantes de Concón suscribieron un acuerdo de producción limpia que –en una acción conjunta con la autoridad pública– les está permitiendo disminuir sus costos de operación a la vez que mejorar la higiene y disminuir el impacto ambiental de su actividad? ¿O que 27 empresas, que representan alrededor del 95% de nuestras exportaciones de ostión, firmaron un acuerdo similar para aumentar su eficiencia productiva por la vía de reducir residuos y reciclar?Así como ellos, muchas otras empresas comienzan a asociarse en acuerdos voluntarios con la autoridad pública para reducir costos asociados a la producción de residuos contaminantes y obtener sellos de calidad ambiental, mediante la optimización de sus ciclos productivos. Es lo que se conoce como producción limpia.5.-Aún en pañales.Y sin embargo seguimos en pañales en este campo. Estamos más cerca del comando y control regulatorio que del desarrollo de acuerdos de cooperación público-privada como los descritos. La paradoja consiste en que mientras menos compromiso exista del sector privado para jugar en la cancha de la producción ambientalmente limpia, más exigencia de regulación y control público enfrentaremos. ¿Eso es lo que queremos?

jueves, 31 de julio de 2008

Columna Revista Capital



Y ahora, ¿quién podrá defendernos?
Artículo correspondiente al número 233 (25 de julio al 7 de agosto de 2008).



Leo en la prensa opiniones del Colegio de Abogados sobre el sistema de defensoría penal gratuita. El documento es parte de un destacable esfuerzo de esta organización gremial por participar activamente en discusiones de interés colectivo.

En lo fundamental, el Colegio argumenta que la modalidad de operación de la Defensoría Pública atenta contra la idoneidad de la defensa a que tienen derecho aquellos que no poseen los recursos económicos para procurársela por sí mismos.
La inquietud es valiosa. El análisis, débil.
Se señala que “en la medida que la defensa esté a cargo de una organización público administrativa, naturalmente ocurrirá que prevalecerán los intereses de esa organización” por sobre los intereses del defendido. El abogado defensor, funcionario de un servicio público jerarquizado, tendría incentivos a responder a las directrices de sus superiores antes que regirse por los principios éticos y criterios profesionales que debieran inspirar su actuación.
Poco esfuerzo realizan los autores de este texto por fundamentar su razonamiento. El resultado es decepcionante. Llevado al extremo, deberíamos asumir que todo abogado que se desempeñe profesionalmente al interior de una empresa privada estará dispuesto a renunciar a los principios éticos de la profesión en función del interés de la organización a la que pertenece. No puedo compartir esta apreciación.
Y ahora, ¿quién nos defiende?
El Colegio luego sostiene que, mientras la función de persecución criminal es una función pública, los defensores sólo realizan una “función privada de asesoría y representación, que debe ser razonablemente financiada pero no ejecutada por el Estado”. Al hacerlo, confunde gravemente la naturaleza de la función de defensa con los medios más idóneos para llevarla a cabo.
No sólo nuestra Constitución, sino también los instrumentos internacionales que forman parte de ella, establecen para toda persona el derecho fundamental a contar con defensa en un juicio penal. Que la defensa sea provista por un organismo de la administración o por abogados privados no afecta a la naturaleza pública de la misma. Sólo el Estado se encuentra en condiciones de garantizar efectivamente la existencia de la prestación. El planteamiento del Colegio es equivalente a sostener que, dado que en Chile contamos con cárceles concesionadas, la potestad de encarcelar a una persona es una función privada que el Estado sólo está llamado a financiar en términos razonables.
Por otro lado, nada dice el texto respecto de la asimetría que existe entre un Ministerio Público autónomo y una Defensoría dependiente administrativamente del ministerio de Justicia. Mientras el primero responde a una visión de Estado en materia criminal, el segundo se subordina a las políticas del gobierno. Más que la relación de subordinación jerárquica existente al interior de la defensoría penal, debiera inquietarnos la relación de dependencia entre la Defensoría y el ministerio con el cual se relaciona. ¿Qué incentivos, por ejemplo, tiene un defensor para cuestionar el hacinamiento carcelario cuando ésta es una cuestión de competencia, al menos parcial, de las autoridades ministeriales de las cuales depende? Una Defensoría Penal autónoma parece más concordante con un análisis institucional de incentivos que aquel que insinúa el documento del Colegio de Abogados.
Todos podemos tener miedo, pero...
La percepción de inseguridad que nos rodea hace que sintamos temor a ser víctimas de un delito. Sin embargo, reconozco que me inquieta la predilección evidente que mostramos como sociedad por la persecución de delitos, en tanto estamos dispuestos a otorgar un valor muy menor a la protección de los derechos de las personas.
No será políticamente correcto, pero confieso que me hubiera gustado que el mismo énfasis utilizado por el Colegio de Abogados para promover los derechos y garantías de los acusados en causas de atentados a la libre competencia, hubiera sido utilizado al analizar el futuro de la Defensoría Penal y el respeto efectivo del derecho a la defensa.
Al fin y al cabo, si los abogados no están comprometidos con las garantías personales, entonces, ¿quién podrá defendernos?

viernes, 30 de mayo de 2008

Columna Revista Capital



A propósito de las recetas para crecer


Artículo correspondiente al número 229 (30 de mayo al 12 de junio de 2008)

En medio de la incertidumbre, existe una receta que ha probado (no sin causar molestias a veces dolorosas en el organismo) ser exitosa: la libre competencia. Por Sergio Espejo.

De nuevo las recetas

Cada cierto tiempo se produce una explosión de recetas para que la economía nacional crezca a tasas superiores. Estos días no han sido la excepción. Motivadas por las incertidumbres de la economía internacional y las proyecciones domésticas del Banco Central, múltiples voces se apresuran a proponer sus recetas para la “influenza” económica que nos amenaza. No seré o quien pierda su propia oportunidad (brindada con gentileza por Capital) para “recetar” al menos un medicamento que me parece necesitamos con urgencia.
Recetas que sanan

Dicho en buen chileno, ¡pucha que falta competencia! Son incontables las oportunidades que permitirían incrementar la productividad si sólo abriéramos más espacio a la libre competencia. Veamos tres ejemplos.
A partir de una denuncia de la Cámara de la Construcción, la Fiscalía Nacional Económica acusó a cinco empresas sanitarias de abuso de posición dominante en contra de desarrolladores inmobiliarios. Amparadas en parámetros cuestionables y no detallados en las evaluaciones de proyectos, las empresas sanitarias vendrían cobrando en exceso a quienes buscan desarrollar proyectos inmobiliarios en la frontera de las zonas de concesión.
Nunca sabremos cuántos proyectos se frustraron o cuánto más han pagado los compradores de viviendas como resultado de esta política de cobros abusivos. Tampoco es posible medir la pérdida neta de actividad económica y de empleo que esta práctica ha provocado. Es hora de que el Tribunal de la Libre Competencia actúe.
Por otro lado, hemos sido testigos del desarrollo vertiginoso de las telecomunicaciones y de la forma en que ellas y las nuevas tecnologías de la información abren posibilidades insospechadas para mejorar la calidad de vida de las personas y aumentar la productividad.
En los próximos meses, tanto la autoridad de telecomunicaciones como la de la competencia deben pronunciarse sobre un nuevo concurso para licitar el espectro destinado a lo que se conoce como la tercera generación de telefonía móvil (3G). Se trata de servicios que permiten transferir voz y datos, descargar programas, intercambiar correos electrónicos y mensajería instantánea a velocidades y en condiciones superiores a las que estamos acostumbrados.
Naturalmente, las empresas de telefonía móvil aparecen como las principales interesadas en este concurso. Pero no olvidemos que así como la competencia ha sido un dinamizador notable en el desarrollo de la telefonía móvil, profundizar dicha competencia esfundamental para sostener ese desarrollo en el tiempo.
En mi opinión, es indispensable que la autoridad garantice espectro para asegurar el ingreso de nuevos actores a la telefonía móvil de tercera generación. Porque la competencia ha permitido más y mejores servicios de telecomunicaciones a precios cada vez menores, no podemos renunciar a promover aún más competencia en el sector.
Finalmente, con tardanza, el Sistema de Empresas Públicas (SEP) ha dado paso a una nueva fase de licitaciones de infraestructura portuaria. Las licitaciones deberán ser sometidas a consideración del Tribunal de la Libre Competencia para que éste se pronuncie sobre las restricciones vigentes a la integración horizontal.
En particular en el caso de Valparaíso y San Antonio, me parece que, pese a que es evidente que hoy ambos puertos compiten por captar clientes, una estructura de mercado en la que sólo contamos con un operador por puerto corre el riesgo en el largo plazo de generar colusiones tácitas y debilitar la competencia por precios.
Salvo circunstancias muy excepcionales, no me parece saludable eliminar en este caso las restricciones a la integración horizontal. No tengo dudas de que contaremos con actores interesadosen ingresar a un mercado que ha resultado dinámico y exitoso y que es, además, fundamental para el desarrollo del país.

Dele no más, doctor
Como en tantas cosas, existe el riesgo de que intentemos curar los síntomas de nuestra “influenza económica” sin ir a las causas de la enfermedad. En medio de la incertidumbre, existe una receta que ha probado (no sin causar molestias a veces dolorosas en el organismo) ser exitosa en este campo: la libre competencia. Si queremos sanar en serio, entonces inoculémonos con más competencia y políticas que la favorezcan. ¡Dele no más, doctor!

martes, 15 de abril de 2008

La Guerra de Los Puertos

Sergio Espejo Yaksic
Revista Capital
4 de Abril de 2008


Un paro en el Puerto de San Antonio sirve de preámbulo a la ya dilatada batalla que libran entre sí los puertos de Valparaíso y San Antonio por obtener luz verde para desarrollar nuevas licitaciones. El conflicto escala en las páginas económicas de la prensa, ésta anticipa las conclusiones de un panel de expertos convocado especialmente para proponer una política portuaria y el Presidente del Sistema de Empresas Públicas (SEP) es removido de su cargo. Entre tanto ruido me parece indispensable tratar de enfocar la discusión.

Lo que está en juego

En 1998 Chile tomó una decisión estratégica audaz. Una ley dictada ese año inició una agresiva política de concesiones de puertos optando por el sector privado como motor de las inversiones del sector.

El éxito de la reforma es evidente. En un país cuya economía es sostenida fundamentalmente por el comercio exterior, con montos asociados que se han incrementado desde algo más de US$30 mil millones el año 2000 hasta superar los US$110 mil millones en 2007, la capacidad de transferencia de mercaderías a través de las fronteras resulta fundamental. En nuestro caso, dicha capacidad descansa de manera crítica en los puertos: Más del 85% de los productos de exportación e importación se movilizan por vía marítima.

La reforma permitió financiar con capital privado el desarrollo de la infraestructura necesaria, así como hizo posible aumentar la velocidad de transferencia y reducir los costos de operación de los puertos.

En consecuencia, cuando debatimos sobre decisiones portuarias lo hacemos sobre un elemento central para el desarrollo económico de Chile.

Desde el punto de vista del país, lo importante no es si se licita primero San Antonio o Valparaíso, sino que contemos oportunamente con la infraestructura portuaria que nuestro comercio exterior requiere, a un costo que nos haga más competitivos.

¿Inventar la rueda?

Una de las razones que vuelve algo incomprensible la guerrilla de declaraciones entre los puertos es que la propia ley de 1998 resolvió de manera exitosa la manera de decidir inversiones. Si un privado está interesado en invertir en un puerto, éste último está obligado a llamar a una licitación. Si es el puerto el interesado en el desarrollo de inversiones, entonces debe también llamar a una licitación.

En otras palabras, la decisión de invertir debe superar el test de mercado más exigente, la disposición de privados a invertir recursos propios en un negocio respecto del cual tienen una expectativa razonable de ganancias.

El “modelo” resultó exitoso. La rueda, en este caso, ya fue inventada. ¿Para qué inventarla nuevamente? Las inversiones han fluido de manera continua y efectiva. El país ha contado con la infraestructura portuaria que ha necesitado y los costos de eventuales sobre inversiones son de cargo de los privados y no del estado.

Y cuando el mecanismo no ha sido utilizado, el mercado ha castigado esa determinación. A mediados del año pasado el SEP suspendió la licitación de Talcahuano. El directorio de la empresa fue removido por el solo pecado de estimar que sin licitación la infraestructura del puerto continuaría un curso de peligroso deterioro.

Fue un error. Si las inversiones no eran necesarias o resultaban poco rentables, entonces serían los privados quienes no participarían de ellas. En cambio, ahora es el estado quien paga el costo del error.

Tres meses después de la decisión del SEP y mientras el Puerto de Talcahuano continúa su lenta pero permanente decadencia, la compañía privada Puerto Coronel anuncia el inicio de la construcción de un nuevo muelle que transferirá 3 millones de toneladas al año. La licitación en el puerto público se justificaba.

Dejémoslos competir.

La discusión sobre las licitaciones en la Quinta Región es una oportunidad para enmendar el rumbo.

La evidencia indica que de no mediar inversiones el país enfrentará un cuello de botella en esta plataforma portuaria. Pero la forma de resolver esta cuestión no consiste en “elegir el ganador”, limitando o impidiendo a uno de los puertos el poder competir con libertad. Por el contrario, la regulación portuaria permite a San Antonio y Valparaíso jugar todas sus cartas para atraer la mayor cantidad de inversiones posibles de la manera más eficiente. Uno y otro tienen atractivos y virtudes más que suficientes para lograrlo.

Dejémoslos competir.

viernes, 7 de marzo de 2008

La Oportunidad del Ciclo Electoral

Sergio Espejo Yaksic
Diario Electrónico El Mostrador
http://elmostrador.blogspot.com/
7 de Marzo de 2008

Se multiplican los análisis indicando que el inicio del ciclo electoral, con renovación de casi la totalidad de los cargos de elección popular en un plazo de dos años, impedirá avanzar en políticas y reformas que incrementen el bienestar de las personas y expandan las libertades. El ciclo que se inicia sería, desde esta óptica, tiempo perdido.

Es un error resignarse a esta “fatalidad”. Hay mucha tarea por hacer.

En mi opinión, un ciclo electoral puede ser también una oportunidad para evaluar liderazgos, para forzar a los contendores a explicitar sus visiones, sus ideas sobre el futuro y sobre los mejores caminos para alcanzar el desarrollo, para acelerar la adopción de acuerdos que los ciudadanos consideramos importantes.

Capitalizar esta oportunidad será complejo, pero no es en modo alguno imposible.

La primera condición es que el gobierno no caiga en el juego de zancadillas en que quiere embarcarlo la oposición. La acusación constitucional contra la ministra de educación, por ejemplo, no debiera impedir implementar los acuerdos alcanzados en torno a la reforma educacional. La acción del nuevo gabinete parece bien encaminada en esa dirección.

La segunda condición es debatir en serio sobre el futuro. Ahí tenemos más dificultades. Ya no se trata de hablar de inclusión social o de crecimiento en abstracto, sino de señalar – por ejemplo - cómo multiplicamos las experiencias escolares exitosas que sostenedores públicos y privados desarrollan a lo largo de Chile; cómo canalizamos inversión hacia infraestructura que integre nuestras ciudades de manera más armónica y mejore la calidad de vida de sus habitantes; cómo transferimos mayor poder de decisión y ejecución efectiva a los municipios y las regiones.

Si somos capaces de cumplir estas dos condiciones, aún con la rudeza propia de un período electoral, entonces tenemos razones para ser optimistas sobre el futuro.

jueves, 6 de marzo de 2008

¿Y usted, en que cambió de opinión?

Sergio Espejo Yaksic
Revista Capital, 22 de Febrero de 2008
Santiago de Chile


¡Qué gran pregunta!

La Edge Foundation ha publicado hace poco en su World Question Center (http://www.edge.org/) el resultado de su interrogante para el año 2007: ¿En qué ha cambiado de opinión en 2007?

Decenas de intelectuales, científicos y artistas responden esta pregunta con gracia y humildad. A través de ellos, descubrimos que el ensayo y error, el reconocerse moldeables por nuevas vivencias y descubrimientos, el atreverse a elegir y caminar en la incertidumbre, son parte fundamental del aprendizaje y la preparación para enfrentar desafíos mayores.

Fantásticos cambios de opinión.

Howard Gardner, el destacado psicólogo de la Universidad de Harvard, nos cuenta que encontró en Jean Piaget la fuente de inspiración tanto de su vocación como de la orientación que tomaron sus intereses académicos. Para Gardner, el valor de las interrogantes formuladas por Piaget en torno al desarrollo de la mente permanecen intactos.

Sin embargo, cuarenta años después de iniciada su carrera académica, Gardner reconoce que el grueso de su trabajo se ha desarrollado a partir de una crítica a las observaciones y teorías desarrolladas por Piaget. El resultado de sus investigaciones, sea a propósito de las capacidades cognitivas de los recién nacidos, o de los diferentes tipos de inteligencia que encontramos en los humanos, es el resultado de reconocer haberse equivocado al abrazar inicialmente los enfoques de Piaget.

Kevin Nelly, autor y fundador de la revista Wired, reconoce su profunda equivocación al vaticinar el fracaso de Wikipedia. Con 20 años de experiencia en Internet, Nelly estaba convencido que era imposible contar con una enciclopedia que fuera el resultado de conocimiento compartido en redes, una enciclopedia editada “por todos”. Un producto que, en su opinión, debía además sobrevivir la propensión al vandalismo de miles de seres humanos, mayoritariamente jóvenes, ocupando su tiempo de ocio y aburrimiento on-line.

“Qué equivocado estaba”, dice Nelly. El poder de las redes sociales y de conocimiento, el potencial constructivo de la cooperación y la innovación hicieron posible lo imposible. En Wikipedia, tanto las debilidades como las virtudes de los individuos son transformadas en riqueza colectiva, con un mínimo de reglas y elites, con una burocracia tan pequeña que parece invisible. En este proyecto, Nelly descubre sorprendido una nueva esfera de lo social, así como el valor de creer en lo imposible.

Si hasta Daniel Kahneman, psicólogo de la universidad de Princeton y Premio Nobel de Economía del año 2002, cuestiona hoy las conclusiones a las que llegó durante años de estudios sobre el bienestar.

Y usted, ¿en qué cambió de opinión?


Estoy seguro que no es necesario ser ni famoso, ni científico, ni empresario, ni político para hacerse la pregunta. En mi caso, durante 2007 yo también cambié de opinión.

En un mundo de cambios acelerados, de incorporación veloz de la tecnología en nuestras vidas, sólo para constatar su rápida obsolescencia, así como de sobre valoración del éxito y la juventud, creo haber terminado compartiendo la intuición de F. Scott Fitzgerald: No existen segundos actos en nuestra vida. Es decir, la vida es breve y en ella no hay espacio para comenzar de nuevo al enfrentar un quiebre o una caída. Si no me cree, habría dicho hace algunos meses, pregúntele a esos hombres y mujeres que han perdido su empleo con más de 50 años y ven cerrarse ante sí una y otra vez las puertas de nuevas oportunidades.

Ya no pienso así.

En diciembre pasado, un tremendo amigo y gran economista se casa por segunda vez teniendo más de sesenta (envidiables) años. Mi madre – viuda - viaja sola por el Medio Oriente y Harrison Ford se prepara a los sesenta y cinco años para interpretar nuevamente a Indiana Jones. Suma y sigue. Descubro que Muddy Waters, un genio del blues, grabó una de sus piezas maestras a los sesenta y dos años. Frank McCourt, uno de mis escritores preferidos, publicó su primer libro a los sesenta y seis años, “Angela´s Ashes” (y ganó el Pulitzer). Usted conoce más empresarios que yo que han empezado exitosamente “su segundo acto”. ¿Que no ocurre en política? Pregúntele a Patricio Aylwin, cuyo primer acto se cierra con el colapso del Chile de la década de los setenta, pero que a los setenta y dos años se convierte en un estadista inolvidable.

Y yo solo cumplo cuarenta y uno en marzo. Definitivamente, he cambiado de opinión. ¿Y usted, en qué cambió de opinión durante 2007?