martes, 15 de diciembre de 2009

Blog Apuntes de Orlando Jorge Mera

Elecciones de Chile vistas por Sergio Espejo
Artículo correspondiente al Sábado 12 de Diciembre de 2009


La elección de este domingo se vive en un ambiente marcado tanto por la incertidumbre sobre sus resultados como por la falta de dramatismo con que - al menos aparentemente - la mayoría de los chilenos parece acercarse a ella. Se trata de la primera elección que enfrentamos tras la muerte de Pinochet, la primera en que la coalición de gobierno vive deserciones que se convierten en candidaturas alternativas y la primera en que las encuestas resultan favorables al representante de la derecha opositora.

En ese contexto, la segunda vuelta electoral que se realizará durante la primera quincena de enero sí será una prueba de nervios. Dado que nadie duda que el candidato de derecha será uno de los dos competidores en esa ocasión, el representante de la centro izquierda - que en mi opinión será el ex Presidente Frei - deberá ser capaz de un ejercicio extraordinariamente difícil: demostrar a quienes consideran que la coalición gobernante ha cumplido su ciclo y se ha agotado, que existe espacio para liderar un proyecto que no sólo impida el acceso de la derecha al gobierno, sino además reconecte a Chile con la ruta de la modernización económica y la equidad social. Yo creo que eso es posible.

jueves, 10 de diciembre de 2009

Columna Revista Capital

Cuadrar el círculo

Artículo correspondiente al jueves 10 de diciembre de 2009


En un mundo globalizado, cuando nuestras empresas fallan, es Chile el que falla. La ley de nueva institucionalidad ambiental da pasos positivos en esta dirección. Será necesario difundirla mucho más.


Son gran ojo periodístico, Capital ha sido persistente en presentar durante 2009 distintas facetas de la discusión ambiental nacional e internacional. Se trata de una cuestión clave para nuestro desarrollo, cruza fronteras geográficas y políticas y a su respecto existe además controversia científica. Por mi parte, en columnas anteriores he procurado mostrar de qué manera el elevar nuestros estándares ambientales es condición indispensable no sólo para mejorar la calidad de vida de los chilenos, sino también para competir con éxito en los mercados internacionales.

Sin embargo, es necesario reconocer que avanzamos intentando cuadrar el círculo.

Por un lado, ¿cuáles son los estándares ambientales que deberemos cumplir para poder competir? En medio de serias dificultades para alcanzar un acuerdo internacional post Kyoto que controle las emisiones de gases de efecto invernadero, las exigencias resultan una combinación compleja de regulaciones domésticas, modelos comerciales y acuerdos internacionales.

No es fácil moverse en este escenario. Hace pocos días, exportadores de choritos en Chiloé (el mundo real de nuestra small open economy) me describían los malabares que tienen que hacer para mantenerse al día con las exigencias de sus mercados de destino, la mayor parte en Europa. Lo más impresionante es que su preocupación no era ni siquiera poder cumplir con esas exigencias, sino lograr conocer con claridad y anticipación cuáles eran éstas.

Por otro lado, nuestra regulación ambiental –en aquello en que la tenemos– está compuesta por una gran variedad de normas sectoriales, fiscalizadas por diversas instituciones públicas que habitualmente actúan aplicando criterios mutuamente divergentes.

Para resolver esta situación y siguiendo las mejores prácticas internacionales, hemos aprobado hace pocos días el proyecto de ley que crea el ministerio del Medio Ambiente, la Superin-tendencia y el Servicio de Evaluación Ambiental. Les seguirá en un plazo razonable el Tribunal del Medio Ambiente.

Soy un firme partidario de esta reforma. Pero, ¿se imagina usted la magnitud del ejercicio de adaptación que nuestra economía deberá vivir en un contexto de incorporación progresiva –necesaria, por cierto– de normas de emisión y calidad, así como de incremento en la fiscalización ambiental?

Frente a estos desafíos, me parece importante que no escondamos la cabeza bajo la tierra, al modo del avestruz, ni intentemos cuadrar el círculo minimizando la complejidad de la tarea.

En primer lugar, intuyo que estamos dejando que los costos de la adaptación productiva sean problema de todos y, por lo tanto, de nadie. Esto no tiene lógica. Si creemos que esta adaptación es no sólo necesaria sino además costosa, así como sabemos que ella impactará en la línea de flotación de empresas y empleos, ¿no deberíamos conversar sobre la forma en que la financiamos y los plazos necesarios para ello?
En segundo lugar, ¿realmente creemos que esta adaptación productiva es posible sin avanzar más en la modernización del principal encargado de diseñar y ejecutar dichos estándares, el Estado? La nueva institucionalidad ambiental no será respuesta suficiente. ¿O se imagina usted el relanzamiento de la actividad acuícola nacional con la misma precaria institucionalidad pública que, en combinación con la falta de prolijidad de algunos privados, hizo posible la crisis de la salmonicultura?

Por último, ¿seguiremos creyendo que es posible una estrategia de desarrollo ambientalmente sustentable sin revisar los enfoques tradicionales de la acción pública? Mi impresión es que el objetivo político debe ser facilitar y estimular la adaptación productiva y el cumplimiento normativo. Es decir, nivelar hacia arriba, adoptar un enfoque de acción y fiscalización preventivo antes que punitivo. Es obvio que parte importante de nuestras empresas está fuera de estándar. Muchas de ellas, por falta de conocimiento o de financiamiento. Entonces, ¿acaso no constituye un objetivo de país empujarlas en la dirección correcta en vez de tranquilizar nuestra conciencia amparándonos en la consigna de que el Estado sólo debe preocuparse de fiscalizar y los privados de cumplir la normativa? En un mundo globalizado, cuando nuestras empresas fallan, es Chile el que falla. La ley de nueva institucionalidad ambiental da pasos positivos en esta dirección. Será necesario difundirla mucho más.

Chile ha enfrentado pruebas más difíciles. Estoy seguro de que superará esta con éxito. Pero primero tenemos que renunciar a intentar cuadrar el círculo.

miércoles, 23 de septiembre de 2009

Columna Revista Capital


Houston, tenemos un problema
Artículo correspondiente al jueves 15 de septiembre de 2009

A meses de la cumbre de Copenhague, las potencias anuncian nuevas exigencias ambientales para la comercialización de productos. ¡Esos son nuestros mercados! ¡Esos son los estándares que nuestros productos deberán cumplir!

Los seres humanos amamos los símbolos. Se trata, entre otras cosas, de un mecanismo que nos permite resumir o sintetizar de manera simple, en imágenes o conceptos, ideas, aspiraciones o procesos más complejos.

Para el movimiento ambientalista y para todos aquellos con interés en las cuestiones medioambientales, uno de esos símbolos clave ha sido hasta ahora –casi como un mantra– la palabra “Kyoto”. Pero ya no más. Meses antes de que la próxima conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático tenga lugar en la ciudad danesa que lleva ese nombre, “Copenhague” es el nuevo símbolo ambiental mundial. Entre el 7 y el 18 de diciembre próximo, jefes de Estado, ministros, expertos y representantes de la sociedad civil de 192 países se reunirán para concordar los objetivos y acciones necesarias para combatir el calentamiento global.

La candidez insular que nos caracteriza lleva a muchos a preguntarse qué tiene que ver esto con nosotros. ¿No se realizan permanentemente decenas de conferencias internacionales cuyos efectos prácticos son casi inexistentes? Y aún si la conferencia fuera exitosa, ¿acaso no es cierto que países como el nuestro, cuya capacidad de producir emisiones de gases de efecto invernadero es todavía limitada, se encuentran liberados de la obligación de comprometerse con metas de reducción de emisiones? Incluso más: si uno de los principales productores de gases de efecto invernadero, Estados Unidos, ha evitado suscribir los compromisos de Kyoto, ¿por qué Copenhague debiera significar un cambio relevante de las condiciones y exigencias que ya existen hoy?

Eso es no entender nada. Vamos por partes.

Comencemos diciendo que uno de los principales free-riders en materia de calentamiento global, Estados Unidos, vive un cambio de dirección que tendrá impacto profundo en este campo. Por una parte, el presidente Obama ha comprometido la presencia de su país en la conferencia. Me dirán que es sólo un ejercicio diplomático o cosmético. Respuesta equivocada. En sus primeros meses de gobierno, la administración norteamericana no sólo incluyó 100 billones de dólares en gasto verde como parte del plan de estímulo económico, sino que a través de la Agencia de Protección Ambiental declaró al dióxido y a otros cinco gases de efecto invernadero como amenazas a la salud, entre otras medidas. En paralelo, la Cámara de Representantes norteamericana aprobó en junio pasado la American Clean Energy and Security Act, cuyo objetivo es alcanzar para 2020 una reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero en un 17% comparándolo al nivel de 2005, y de 83% para el año 2050.

La Unión Europea se ha adelantado a Copenhague con su propio plan: Europa 20/20/20. Se trata de un ambicioso esfuerzo para lograr reducir sus emisiones de carbono en un 20% al año 2020 en comparación con las emisiones de 1990, reducir en 20% el consumo de energía y alcanzar un 20% de producción de energía primaria en base a fuentes renovables, también para el año 2020.

Mientras tanto, sabemos que importantes cadenas de supermercados que operan en Europa y Estados Unidos, como son los casos de Tesco, Casino y Wal-Mart, comienzan a exigir etiquetados ecológicos y, progresivamente, también de huella de carbono a los productos que esperan ser comercializados en sus locales.

Francia dicta la Ley Granelle 2 y establece que a partir de enero de 2011 los alimentos y sus derivados deberán informar sobre las emisiones de gases de efecto invernadero que generaron su elaboración y distribución. La exigencia es un requisito para la comercialización dentro del país de productos domésticos e importados y consagra legalmente la obligación de certificar la huella de carbono. La prensa nos informa, además, que el presidente Sarkozy ajusta los últimos detalles para anunciar un impuesto verde sobre el consumo de combustibles fósiles.

¡Esos son nuestros mercados! ¡Esos son los estándares que nuestros productos deberán cumplir!
Así, resulta imposible no recordar la voz de los astronautas en dificultades diciendo a través de la radio “Houston, tenemos un problema”.

Es cierto, bajo el liderazgo inteligente y tenaz de nuestra ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, un proyecto de ley que crea una nueva institucionalidad ambiental avanza en el Congreso, un programa de manejo de cuencas hidrográficas se desarrolla en zonas piloto, la normativa para control de emisiones de material particulado fino en nuestras ciudades va tomando forma y el ministerio de Agricultura desarrolla estudios para medir la cantidad de carbono que se libera a la atmósfera en los procesos productivos de los principales rubros agrícolas exportables… pero no basta.

El desafío que enfrentamos demanda un acuerdo político de envergadura, así como un trabajo de estrecha asociación entre agentes públicos y privados. No existe otra manera de permitir el tránsito gradual pero sostenido hacia la economía de baja intensidad de carbono que será nuestra llave de acceso al futuro.
Mientras tanto, seguimos discutiendo sobre el bono de marzo por 40 mil pesos…

jueves, 25 de junio de 2009

Columna Revista Capital

Es cierto, no es muy sexy, pero...
Artículo correspondiente al jueves 25 de junio de 2009
http://www.capital.cl/blog/index.php?p=3105

¿Tiene sentido introducir cambios a la institucionalidad que regula, fiscaliza y fija tarifas a distintas áreas de servicios? Aunque está funcionando con cierto grado de efectividad, yo diría que hacer ajustes sí se justifica.

Hace pocos días fui invitado a comentar una investigación del economista de la Universidad de Chile Aldo González. Su trabajo tiene mérito. Entre otras cosas, porque se anima a abordar una de las temáticas menos sexy de los últimos años: la institucionalidad de los organismos que regulan las tarifas de los sectores eléctrico, de telecomunicaciones y de agua potable. Y eso es valioso porque, haciendo honor a la mejor tradición de la academia, nos invita a poner atención no sólo en lo urgente sino también en lo importante.

Un acierto del trabajo, me parece, es reconocer la efectividad que ha demostrado en el tiempo una institucionalidad que combina de manera poco ortodoxa arquitecturas institucionales variadas.

Un acierto del trabajo, me parece, es reconocer la efectividad que ha demostrado en el tiempo una institucionalidad que combina de manera poco ortodoxa arquitecturas institucionales variadas.

¡Qué decir de las interacciones entre los ministerios de Economía, Transportes y Telecomunicaciones y Obras Públicas! Una coordinación que puede convertirse en verdadero ejercicio de prestidigitación.

Y sin embargo, como nos diría Galileo, “se mueve”. Parecen funcionar al menos sus tareas más fundamentales. Entonces, ¿tiene sentido introducir cambios?

Yo creo que sí.

Las “cuestiones orgánicas” tienen importancia. La misma oposición, siempre renuente a incorporar estas variables en su análisis, hoy lo reconoce como necesario. ¿Qué otra cosa si no es el anuncio de eliminar la Secretaría General de Gobierno y crear un nuevo ministerio social? Es un esfuerzo por mejorar el “músculo” destinado a diseñar y ejecutar políticas que se consideran prioritarias.

Lo mismo ocurre en regulación de servicios básicos. ¿Por qué? En primer lugar, porque la variedad de diseños institucionales que conviven genera barreras de entrada para nuevos actores. Si queremos más inversionistas, nacionales y extranjeros, en sectores intensivos en inversiones y con niveles crecientes de competencia –como ocurre en telecomunicaciones–, la simplicidad de las reglas y de la arquitectura institucional que las sostiene es fundamental.

Concuerdo en esto con González. Superintendencias con funciones de regulación y fiscalización, cuyos directivos sean designados como parte del sistema de Alta Dirección Pública, parecen razonables no sólo para servicios sanitarios, como hoy ocurre, sino también para energía y telecomunicaciones.

En segundo lugar, no veo razón para mantener diluidas las responsabilidades de formulación de políticas en tres ministerios copados por múltiples otras tareas. En vez de mantener al ministerio de Economía como recipiente de aquello que no sabemos dónde va, sugeriría concentrarlo en lo que sabe hacer mejor: políticas de regulación de servicios y fomento productivo. Eso significa que las superintendencias de los tres sectores pasen a relacionarse con el gobierno a través de este ministerio. Fin de las dobles dependencias. El mismo ministerio puede además hacerse cargo, esta vez como complemento de sus tareas de política, de los diversos programas de fomento que existen asociados a estos servicios.

En tercer lugar, aún podemos mejorar la relación entre los reguladores sectoriales y los organismos de defensa de la libre competencia. Al menos dos cuestiones atraen de inmediato la atención. Por una parte, la necesidad de articular inteligentemente los objetivos sectoriales de nuestros reguladores, típicamente asociados a asegurar el financiamiento de inversiones eficientes, con la necesidad de evitar normas o prácticas que debiliten o impidan la competencia. Por otra parte, el desafío de evitar que en el ejercicio de sus denominadas funciones no contenciosas, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia dicte instrucciones que por falta de información o conocimiento de los mercados pueden resultar innecesarias, de escaso efecto o de difícil fiscalización.

Finalmente, es tiempo de asumir que nuestros reguladores requieren de mayor flexibilidad para contratar y retener profesionales de primer nivel. La gran calidad de muchos de quienes hoy, con vocación e inteligencia, desempeñan estas tareas no puede inhibirnos de reconocer el desborde cotidiano a que se ven enfrentados, dada la multiplicidad y complejidad de los desafíos que deben abordar.

Es cierto, no es sexy… ¡pero cómo ayudaría!

martes, 19 de mayo de 2009

Columna Revista Capital

Bienvenida, Doña Juana
Artículo correspondiente al Jueves 14 de mayo de 2009

Ya no es la señora Juanita la figura atractiva que reinaba en el imaginario del mundo vertical y paternalista. Hoy nos relacionamos con Doña Juana. Con mayúsculas y sin diminutivos. Quizás con la misma apariencia frágil, pero que no titubea en ejercer sus derechos cuando percibe qué es lo justo y dispone de los medios para hacerlo.

Resulta difícil olvidar la imagen y el tono del presidente Lagos, con ese paternalismo que parecía garantizar que todo iba a estar siempre bien, haciendo referencia a “la señora Juanita”. De un día para otro, el personaje pasó a formar parte de nuestro lenguaje coloquial. Confieso que la misma señora Juanita cobró corporeidad en mi imaginación como una combinación perfecta entre la apariencia bondadosa de mi abuela Jesús y la fragilidad de las abuelitas que en el colegio o en diversas etapas de mi vida conocí en hogares de ancianos y clubes de adultos mayores.

Más allá de la anécdota, no puedo evitar asociar a la señora Juanita con un país vertical en el cual unos, que se encuentran en situación de preeminencia sobre otros, califican las dificultades que estos últimos puedan estar viviendo como inaceptables y toman, eventualmente, la decisión de intervenir para modificar ese estado de cosas.

Es cierto que resulta mejor la vida en una sociedad en la cual los “privilegiados” están dotados de una conciencia ética y una propensión a la justicia que tiende a minimizar las inequi-dades, versus aquella en la cual éstos sólo destilan egoísmo. Pero también lo es que resulta mucho más atractiva, al menos para mí, una sociedad democrática que reconoce la igualdad de quienes la componen y entrega consecuencialmente a cada uno de sus miembros los instrumentos necesarios para ejercer y tutelar los derechos que esa igualdad irroga.

Tímidamente, a la chilena podríamos decir, nuestro país comienza a desplazarse desde el primero hacia el segundo orden. Así las cosas, ya no es la señora Juanita la figura atractiva que reinaba en el imaginario del mundo vertical y paternalista en el que hemos estado acostumbrado a desenvolvernos.

Hoy más bien nos relacionamos con Doña Juana. Con mayúsculas y sin diminutivos. Si así lo desea, conserva la mirada bondadosa y la apariencia frágil, pero no titubea en ejercer sus derechos cuando percibe qué es lo justo y dispone de los medios para hacerlo. No pide permiso, para luego agradecer, si una entre tantas conciencias políticas bien dispuestas ha considerado pertinente ayudarla. Más bien desconfía de sus representantes políticos y comienza a identificar y utilizar los instrumentos que le permitan, sin intermediaciones, ejercer y proteger sus derechos.

Veamos lo ocurrido estos días a propósito del caso La Farfana. El año 2004, alrededor de 500 vecinos de las Villas Jahuel 1 y 2 de Maipú recurrieron a la justicia denunciando que la planta de tratamiento de aguas servidas había emitido durante largo tiempo olores insoportables por defectos en el proceso de tratamiento de lodos. ¿Se imagina usted la vida en esas condiciones? Molestias, dolores de cabeza, vergüenza de vivir en un lugar crecientemente estigmatizado. Fueron los propios vecinos los que decidieron actuar y lo hicieron sin esperar mediaciones políticas, que en su momento fueron insuficientes y lentas.

Hace pocos días, el 18° Juzgado Civil determinó que la empresa propietaria de la planta de tratamiento deberá cancelar 2.500 millones de pesos como indemnización. Es decir, alrededor de 5 millones para los 500 afectados por los olores insoportables emanados desde la planta.

Y en las imágenes de televisión, al comentar el fallo y anunciar su apelación para reivindicar el derecho a mejores compensaciones, ya no estaba la señora Juanita. Allí estaba Doña Juana, sin complejos, ejerciendo el derecho a una dignidad que tantas veces le han dicho debe esperar. Estoy seguro de que en el caso de La Farfana y en el rol que en él ha cumplido Doña Juana encontraremos las claves correctas para proyectar lo mejor de Chile.

Conozco a Doña Juana. Como ministro la vi reclamar indignadamente sus derechos. Pero también tuve el privilegio de descubrir en ella esa rara disposición a mirar la realidad de frente, a intentar comprender la naturaleza real de los problemas más allá de las respuestas simplistas y a soportar la adversidad cuando se entiende la complejidad de una tarea.

En pocos meses más elegiremos un nuevo presidente y renovaremos la mayor parte del Congreso Nacional. Día tras día me parece escuchar mensajes dirigidos a la señora Juanita. Cuidado. No es que ella no escuche. Es que quizás ya no está aquí.

Adiós, señora Juanita. Bienvenida, Doña Juana.

martes, 7 de abril de 2009

Acuerdo FASA-Fiscalía bajo la lupa de ex integrantes de la Comisión Resolutiva

Diario Financiero
Lunes 6 de abril de 2009
Por María Fernanda Gana A.
http://www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20090406/cont_109364.html 

Las visiones encontradas entre El abogado Sergio Espejo y el economista Francisco Labbé

Opiniones encontradas surgieron entre los ex integrantes de la desaparecida Comisión Resolutiva Antimonopolios  respecto del acuerdo que la Fiscalía nacional Económica (FNE) alcanzó con FASA en el marco de la investigación por supuesta colusión de precios entre las principales cadenas farmacéuticas del país.

El abogado Sergio Espejo, quien entre 2000 y 2002 presidió la Comisión Preventiva y luego integró la Resolutiva, hasta su desaparición en 2004, cuando dio paso al Tribunal de Defensa de la Libre Competenecia (TDLC), considera que la conciliación ayudó a despejar el caso y de paso permitió acelerar el trámite del proyecto que eleva las facultades de la FNE.

“La Fiscalía cuenta hoy con un fuerte elemento de prueba con el que no contaba antes y, por otro lado, sin perjuicio de lo que ocurra en este caso, el avance en el Congreso de las normas que fortalecen el actuar de la FNE será un instrumento muy importante para evitar que estas prácticas se repitan”, explicó.

Agregó que si este caso se hubiera dado en tiempos de la Comisión Resolutiva, probablemente todo el proceso habría sido distinto.

“Es muy difícil que en la Comisión Resolutiva las cosas hubieran sucedido como ahora, porque se trataba de una institucionalidad precaria, basada en una participación ad honorem de las personas,  haciendo el trabajo con parte de un tiempo que finalmente no destinanábamos a nuestras funciones principales”, apuntó.



¿Colusión o “efecto manada”

“El hecho de que FASA se haya declarado culpable, no asegura que lo sea, pues si tengo que elegir entre pagar una multa de US$ 15 millones  o ahorrarme buena parte de esa cantidad, pareciera mejor declararse culpable”.

Esa es la visión del economista Francisco Labbé, que participó en la Comisión hasta 2004, quien estima que tanto como colusión, la conducta que investiga la FNE también podría corresponder a lo que se denomina “efecto manada”, donde basta que un actor suba los precios para que el resto lo siga. “Es cosa de ver el mercado de las AFP donde lo que hace Provida, que es la primera del mercado, es seguido por los demás”, aclaró.

A su juicio, el hecho de que haya igualdad de precios, no significa que necesariamente exista colusión.

Labbé agregó que el requerimiento de la Fiscalía se convirtió en un “incentivo” para que FASA o cualquiera de las otras dos cadenas llegara a una conciliación, aunque efectivamente pudieran no estar coludidas.

En este punto, señaló que en primer término “jamás se debió permitir la fusión de Salco y Brand” (2001) y que las tres controlaran el mercado, lo que -dijo- hace que el TDLC y la FNE sean las culpables de la situación actual.

jueves, 26 de marzo de 2009

Espejo: “Debe aprobarse la ley de delación compensada”


Diario La Nación
Jueves 26 de marzo de 2009
Por Álvaro Medina / La Nación


El ex ministro de Transportes y ex integrante de la Comisión Resolutiva Antimonopolios, Sergio Espejo, actualmente se desempeña como profesor de Industrias Reguladas en las escuelas de Economía de la Universidad de Chile y de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Desde esa posición, es drástico al afirmar que la colusión es un atentado gravísimo a la librecompetencia y que la solución a este problema está en un proyecto de ley que se discute en el Congreso.

¿Por qué es posible que ocurra este tipo de concertación de precios en Chile?
En las economías de mercado, en todas ellas, es posible apreciar esfuerzos de algunos agentes económicos por concertarse para manipular en su beneficio el sistema de precios. Por eso es crucial la institucionalidad de defensa de la libre competencia, particularmente en casos como el de la colusión, que debe ser, probablemente, no sólo la conducta más grave en contra de la libre competencia, sino también la más difícil de probar.

¿Es sostenible la versión de FASA en orden a que los responsables de esta colusión fueron "algunos" ejecutivos y no la compañía?

A mí me parece que eso es enteramente irrelevante. El requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica se dirigió contra compañías, contra personas jurídicas. Son ellas quienes han aportado antecedentes, negado su participación y son, por tanto, ellas las que deben responder en esta fase jurídicamente frente a este ilícito.

¿Qué debe ocurrir en Chile para evitar que esta situación se repita?

Me parece que esta conciliación, este acuerdo, es una advertencia muy importante a quienes se oponen la aprobación en el Congreso, de la norma que permite la delación compensada, por atentados contra la librecompetencia. La delación compensada es el instrumento que en Estados Unidos, en la Unión Europea, en el caso de nuestra región, en México, en Brasil, en la República del Salvador, sirve para un desincentivo eficaz de las prácticas colusorias. No podemos esperar la buena voluntad de una compañía o que siga pasando tiempo para contar con los instrumentos más eficaces para prevenir este tipo de hecho.

viernes, 23 de enero de 2009

Columna Revista Capital

La crisis y el medio ambiente
Artículo correspondiente al Jueves 22 de enero, 2009

Es evidente que la inevitable tensión entre actividad productiva y medio ambiente se verá acrecentada en esta etapa.

Nos hemos acostumbrado a escuchar que la protección del medio ambiente y las exigencias asociadas a la competitividad y al desarrollo económico son incompatibles. Cuando afirmar aquello resulta políticamente incorrecto, se recurre entonces a la idea de que las cuestiones ambientales son parte de un catálogo de valores propio de países más desarrollados que el nuestro. Chile tendría que preocuparse prioritariamente de crecer. Luego vendría el tiempo de preocuparse del medioambiente. No es necesario ser adivino para prever que los argumentos en esa dirección se verán fortalecidos en lo que queda de una crisis económica que aún tiene largo camino por recorrer.

Me parece un error.

La protección del medio ambiente ya no es una opción. Es una condición esencial para asegurar estándares de calidad de vida básicos para nuestra población, permitir a nuestra economía insertarse exitosamente en el mundo y reconectar a los chilenos con su democracia.

Pero tampoco podemos ser ciegos. Es evidente que la inevitable tensión entre actividad productiva y medio ambiente se verá acrecentada en esta etapa. Por eso debemos anticiparnos a construir acuerdos técnicos y políticos en aquellas materias en que esta tensión pueda ser atenuada y canalizada positivamente.

Por ahora, planteo sólo tres cuestiones en esta dirección.

El primer desafío es superar el provincianismo que nos hace creer que nuestras decisiones y conductas como país sólo nos competen a los chilenos. Eso no sólo es infantil sino, además, irresponsable. Cuando los delegados a la Conferencia ONU sobre Cambio Climático se reúnan a fines de año en Copenhagen, definirán regulaciones que afectarán nuestra oferta de productos y servicios. No nos engañemos. Aun cuando esa conferencia termine en punto muerto, es sólo cuestión de tiempo para que nuevas y más estrictas exigencias en materia de emisiones de carbono entren en vigor. Y cuando ello ocurra, ¿alguien podría sostener seriamente que los países más desarrollados que constituyen mercados de destino para nuestros productos, aquellos que diseñarán y se someterán a estas mayores exigencias, no las harán también efectivas respecto de Chile? Esto, obviamente, sin mencionar el próximo ingreso de nuestro país a la OECD.

Conocer y adaptarse a este “entorno regulatorio global” será una exigencia central de los próximos años.

En segundo lugar, es indispensable abordar cuanto antes la debilidad normativa del sector. Contrariamente a lo que pudiéramos creer, lo que se ha multiplicado en el país no es la regulación ambiental propiamente tal, sino que las decisiones administrativas sectoriales con impacto ambiental. Es lo que un abogado experto en materias administrativas definía como una regulación “episódica”.

En buen chileno, eso significa que lejos de construir un piso de regulación consistente y técnicamente sustentable, lo que tenemos es una gran variedad de instituciones públicas que siguen dictando normas con impacto ambiental sin ninguna exigencia de coherencia o coordinación. El resultado es lamentable desde el punto de vista de la protección del medio ambiente y también lo es desde el punto de vista de la actividad económica. El proyecto de ley que reforma la institucionalidad ambiental busca enfrentar parcialmente esta cuestión, pero es insuficiente. Finalmente, el debate ambiental no podrá eludir las exigencias crecientes por participación ciudadana. Cuando uno de cada cuatro proyectos aprobados o en tramitación en el Sistema de Calificación Ambiental presenta algún conflicto con la comunidad, la señal es demasiado potente. La principal advertencia aquí es que eludir este tema, apostando a resolverlo caso a caso, sólo puede resultar más caro para quienes quieran emprender e inútil para proteger el medio ambiente.

Aún más: eludir el debate en torno a la participación ambiental es un camino seguro a aumentar el distanciamiento de las personas con su democracia y con el valor de lo público y la política. Es obvio. Las personas exigen cada vez más del sistema político, y mientras esperan trabajo y condiciones laborales adecuadas, también demandan que sus familias crezcan y se desarrollen en un ambiente sano.

A menos de un año de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, los chilenos debemos comenzar a debatir sobre estas cuestiones. Ellas no serán sólo importantes durante la crisis. Se trata, probablemente, del que será uno de los debates centrales durante las primeras décadas de este siglo: cómo potenciar nuestra capacidad productiva protegiendo la calidad de vida de las personas y el entorno en que vivimos.

domingo, 23 de noviembre de 2008

Sergio Espejo a fondo: su salida de Transportes, la crisis de la DC y su nuevo rol en la política



Diario Financiero, Reportajes, Viernes 21 de Noviembre de 2008

Andrés Kattan Abusleme


"Aquí está mi tarjeta Bip, la misma que he ocupado siempre. Yo soy usuario del Transantiago desde el día uno y el troncal que ocupo nunca me ha provocado problemas”. Pese a que no quiere hablar mucho del convulsionado plan de transportes, el ex ministro, Sergio Espejo Yaksic se muestra relajado. Cuenta que su vida es mucho más tranquila ahora y que ya dejó atrás, lo que él define como uno de sus grandes dolores, el Transantiago.

Confiesa que ahora puede darse algunos lujos que antes ni soñaba, como almorzar en su casa con su hija más chica, que puede ir al gimnasio, y sobre todo compartir más con su familia. “Lo más fuerte ha sido en el plano familiar, porque hay un costo para la familia en este tipo de actividades”,dice.

Hace un par de meses abrió su estudio Espejo & González abogados y cuenta que se le va el día en dos temas que hoy le apasionan, los temas medioambientales y regulatorios. Experiencia le sobra. Fue superintendente de Electricidad y Combustibles, y presidente de la Comisión Nacional Antimonopolios.

También es director de Recycla, empresa dedicada al reciclaje electrónico en Latinoamérica, además de asesorar a la fundación que construye viviendas sociales, Invica.

En lo académico, es profesor del ramo industrias reguladas en la Universidad de Chile y del magíster en derecho de los negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Tras un poco más de un año fuera de la primera línea política, Sergio Espejo decidió romper su silencio y dar a conocer su opinión sobre la crisis de la Democracia Cristiana (DC) -que entre la elección de 1992 y las últimas municipales ha perdido cerca de 1 millón de votos-, la situación de la Concertación y el Transantiago.

-¿Se ha arrepentido de haber entrado al servicio público?

-Jamás, ni una sola vez, nunca, nunca. Tengo una vocación política fuerte y no conozco un instrumento distinto a la política para construir una sociedad de iguales. A los guerreros las batallas los buscan y no he sentido arrepentimientos.

-Años atrás trató de ser diputado, luego fue ministro, ¿qué viene ahora?

-Me siento muy conectado con las tareas centrales de la política, que son construir un proyecto de futuro, promover lo colectivo y asegurar la participación de las personas en las decisiones públicas.

-¿Ha pensado en optar a algún cargo de elección popular?

-Yo no descarto nada, pero no es mi proyecto prioritario hoy. Quiero ayudar a este proyecto de renovación en el lugar en el que mejor cumpla mi aporte. Me siento muy cómodo en mi actividad profesional.

-Usted es parte de una generación DC a la cual se le exige mayor compromiso partidario

-No estoy de acuerdo con eso. Siempre he sentido desconfianza por las categorías generacionales. Hay muchos viejos de 30 años y hay gente mayor que yo muy potente. Tengo 41 años así que joven no soy.

-Pero está claro que se pide renovación de caras e ideas

-Tenemos que estar preparados para competir por la conducción de la DC en todos los espacios políticos que se renueven a partir de ahora.

-Entrando a la crisis DC, tras la salida de Soledad Alvear ¿es la hora de los príncipes?

-Como no conozco príncipes, no podría decirlo. Estamos pecando de fetichistas, porque eso significa tratar de afirmarse de atributos que uno no tiene. La edad no nos da ningún derecho, lo títulos nobiliarios en Chile no existen.

-¿Pero qué rol quiere jugar en la DC?

-He estado permanentemente en la frontera de las exigencias políticas y no tengo duda de que llegará el momento de asumir nuevas responsabilidades. Pero formo parte de una generación reconocida tanto por su brillantez y vocación de servicio público, como por su escaso sentido de equipo.

-¿Qué le parece el rol de Jorge Burgos a la cabeza de la DC?

-Jorge es una muy buena carta para presidir el partido y es mi candidato. Pero la renovación de la DC no se va a producir en estos días, ni tampoco en la próxima junta nacional.

-¿Renovación que se debe dar tras la gestión de Soledad Alvear?

-Ella ha sido una de las mejores dirigentes que ha tenido la DC en su historia, nada más.

-Pero dejó el partido tras resultados electorales adversos y una crisis evidente

-Las dificultades de la DC no tienen que ver con una persona.



Su candidato: Frei

-¿Cómo ve a la Concertación y el rol de la DC en ella?

-Pasando por una de las coyunturas más difíciles que ha vivido desde su fundación. Estamos en una crisis de confianza muy importante sobre la capacidad realizadora del conglomerado y sobre qué ofrecer en un futuro al país.

-¿Por qué, a su juicio, no le ha sido tan fácil gobernar a Bachelet?

-Las cosas hay que mirarlas con perspectiva. En medio de una crisis económica de gran magnitud, la aprobación de la Presidenta ha aumentado, la valoración del ministro de Hacienda y del presidente del Banco Central, también.

-¿Cuánto ha pesado la insubordinación partidaria en la Concertación?

-Hay que acostumbrarse a que la política no es una actividad de regimientos. Incluso una de las discusiones hipotéticas que podría ser interesante, es la posibilidad de reformar la Constitución y que ésta no se dé sólo en las elites.

-¿Cómo ve el escenario presidencial?

-Me siento muy cómodo con la candidatura de Eduardo Frei. El mostró su disponibilidad cuando nadie le creía. Finalmente lo determinante va a ser si el elegido representa el candidato de futuro en materia de propuestas. Mi candidato es Eduardo Frei.

-Y en el caso de primarias entre Lagos e Insulza ¿a quién prefiere?

-Cualquiera de ellos, mi candidato es Frei, pero me siento cómodo con cualquier persona de la Concertación.

-¿Cree en las segundas partes?

-Creo que sí. Hay un dicho de que las segundas partes nunca fueron buenas, lo dijo Scott Fitzgerald, quien murió muy joven y no tuvo posibilidad de tener una segunda parte.

-¿Qué opinión tiene de Sebastián Piñera?

-Tengo la convicción de que la política es un proyecto colectivo, de seres libres, que se reconocen como iguales. Sebastián Piñera está lejos de representar esos valores, no cuenta con mi simpatía política, además me siento muy lejano a él.

“No me gusta HidroAysén”

El tema que le quita el sueño actualmente a Sergio Espejo es el medio ambiente. Desde su estudio de abogados asesora a distintas empresas en esta materia y, por lo mismo, mira con preocupación lo que sucede en Chile en cuanto al desarrollo de energético del país.
Cuenta que en Chile se ha polemizado demasiado en torno a HidroAysén y que el problema de base, no es el polémico proyecto, si no como asegurar que Chile alcance la independencia energética de otra forma. "No me gusta HidroAysén, no estoy participando ni a favor ni en contra, pero no me gusta".
Para Espejo el tema también repercutirá en el ámbito internacional. "Nuestra inserción internacional está asociada a nuestros estatutos de cumplimiento medioambiental. Queremos entrar a la OCDE en dos años más y el 20% de las regulaciones son ambientales y estamos en todo eso atrasados".

Transantiago: “En su momento fue un dolor importante”

Para Sergio Espejo, Transantiago es una palabra que aún le hace ruido. Confiesa que una de sus grandes frustraciones ha sido no haber podido sacar adelante el sistema de transportes capitalino, aunque prefiere no tratar en profundidad este tema.

-Usted salió hace más de un año y medio del gobierno, ¿qué análisis hace de su gestión?

-Es un privilegio haber formado parte del proceso de toma de decisiones de un gobierno, de la manera en que yo pude hacerlo. Ahora, para ser franco en términos personales sentí una carga dolorosa. Para mí Transantiago era un proyecto que buscaba mejorar la calidad de vida de las personas, aumentar la dignidad de los habitantes de Santiago, pero no lo logramos. En su momento fue un dolor importante.

-Usted vivió una paradoja. Salió del ministerio por los problemas del Transantiago, pero con un 60 % de aprobación ciudadana. ¿Cómo se explica esto?

- Es lo que me transmite la gente hasta hoy. Reconocieron en mí el haber dado la cara y las ganas de tratar de sacar un proyecto que entendimos era muy importante. Además, las personas saben que en ese proceso fui uno con ellos, que recorrí todas las dificultades junto a ellos. Siempre traté a todos como adultos, es decir, que no era sólo un ejercicio de dar la cara, sino de explicar paso a paso las dificultades, por qué lo hacíamos y cómo esperábamos superarlo.

-¿Nunca le recriminaron algo en la calle?

-He sido usuario del sistema de transporte público desde un comienzo. Lo que he recibido siempre son puras muestras de cariño y solidaridad de las personas. En unos de los períodos más álgidos de la crisis del Transantiago, fui con mi hijo al recital de Roger Waters en el Estadio Nacional. Mi hijo estaba muy preocupado de que pasara algo. Lo que tuvimos fue una experiencia humana fantástica, con toda la gente que estaba ahí, recibimos mucho cariño. Nunca he tenido ningún problema.

-¿Qué habría que hacer para arreglar el Transantiago?

-Yo de Transantiago hasta allí quisiera hablar, ya todo está dicho.

-¿Pero qué le parece la gestión de René Cortázar?

-Tengo la mejor opinión de René. Lo conozco desde hace muchísimos años y ambos trabajamos con Alejandro Foxley. Sólo le deseo el mayor de los éxitos, no sólo por René, sino porque esto busca darle calidad de vida a las personas y eso es lo importante.

viernes, 17 de octubre de 2008

Columna Revista Capital

Regulación ambiental, ¿única solución?
Artículo correspondiente al Jueves 16 de Octubre, 2008

Estamos más cerca del control regulatorio que del desarrollo de acuerdos ambientales entre los sectores público y privado.¿Eso es lo que queremos? Por Sergio Espejo

1.-El medioambiente llegó para quedarse.La prensa informa del rechazo de los estudios de impacto ambiental presentados por Hidroaysén. En el Congreso se inicia la discusión sobre una amplia reforma a la llamada institucionalidad ambiental. Es decir, cómo y cuánto regular para hacer compatibles la actividad productiva y la protección del medio ambiente. A miles de kilómetros, en medio de una de las crisis financieras más importantes de las que tengamos registro, Barack Obama y John McCain dedican parte importante de su último debate a confrontar posiciones en materia medioambiental. En resumen, las “cuestiones medioambientales” llegaron para quedarse.2.-Un buen comienzo.Nuestra regulación medioambiental y la institucionalidad asociada han sido objeto de múltiples críticas. Algunos sostienen que los estándares son insuficientes. Otros reclaman contra las evidentes dificultades de coordinación entre una variopinta colección de instituciones públicas con competencias ambientales superpuestas. En este caso, la crítica apunta tanto al exceso de controles como a su debilidad. Curiosidades de la vida: todo depende del lugar desde el cual se observen las cosas.No obstante, una mirada desapasionada muestra avances significativos. Sujeto a revisión por la OCDE en 2005, nuestro país figura por haber “fortalecido sus instituciones ambientales” e “intensificando sus iniciativas ambientales relativas al aire, el agua, los residuos y la gestión de la diversidad biológica”. La misma OCDE, que no podría ser definida como un club de la autocomplacencia, señala que estos avances se han producido con “instrumentos innovadores” y “reformas exitosas”.3.-La reforma ambiental.Sin embargo, la brecha con los estándares aplicables a los países de la OCDE, a la que tanto empeño ponemos en ingresar, es considerable. Y ello es muy importante, porque una economía que descansa crecientemente en los bienes transables, y que quiere competir con éxito, debe dar cumplimiento a las exigencias ambientales establecidas en los tratados de libre comercio y en los medioambientales multilaterales. ¿Sabía usted, por ejemplo, que alrededor del 20% de los compromisos de Chile suscritos en su Memorando de Acceso a la OCDE están vinculados, precisamente, a materias ambientales?Para avanzar en este campo, el gobierno ha presentado a tramitación parlamentaria un proyecto de ley que crea el ministerio, el servicio de Evaluación Ambiental y la superintendencia de Medio Ambiente. La discusión será ardua y el trámite no se prevé fácil, pero resulta evidente que debemos prepararnos para un entorno de negocios sometido a estándares más elevados.Para asegurar su éxito, durante la discusión legislativa debemos lograr que la nueva normativa garantice reglas que nivelen el piso de las obligaciones ambientales, instrumentos perfeccionados de fomento para facilitar la puesta al día de las empresas con estas obligaciones y una señal de calidad para los mercados internacionales.4.-Existen otros caminos.La pregunta es si la única opción para competir con éxito en mercados internacionales ambientalmente exigentes es el camino normativo e institucional propuesto por el gobierno. La respuesta es negativa. Existen instrumentos a un costo inferior a la tradicional regulación de comando y control y con estándares eventualmente superiores a los establecidos en la legislación.Por ejemplo, ¿sabía usted que los restaurantes de Concón suscribieron un acuerdo de producción limpia que –en una acción conjunta con la autoridad pública– les está permitiendo disminuir sus costos de operación a la vez que mejorar la higiene y disminuir el impacto ambiental de su actividad? ¿O que 27 empresas, que representan alrededor del 95% de nuestras exportaciones de ostión, firmaron un acuerdo similar para aumentar su eficiencia productiva por la vía de reducir residuos y reciclar?Así como ellos, muchas otras empresas comienzan a asociarse en acuerdos voluntarios con la autoridad pública para reducir costos asociados a la producción de residuos contaminantes y obtener sellos de calidad ambiental, mediante la optimización de sus ciclos productivos. Es lo que se conoce como producción limpia.5.-Aún en pañales.Y sin embargo seguimos en pañales en este campo. Estamos más cerca del comando y control regulatorio que del desarrollo de acuerdos de cooperación público-privada como los descritos. La paradoja consiste en que mientras menos compromiso exista del sector privado para jugar en la cancha de la producción ambientalmente limpia, más exigencia de regulación y control público enfrentaremos. ¿Eso es lo que queremos?

jueves, 31 de julio de 2008

Columna Revista Capital



Y ahora, ¿quién podrá defendernos?
Artículo correspondiente al número 233 (25 de julio al 7 de agosto de 2008).



Leo en la prensa opiniones del Colegio de Abogados sobre el sistema de defensoría penal gratuita. El documento es parte de un destacable esfuerzo de esta organización gremial por participar activamente en discusiones de interés colectivo.

En lo fundamental, el Colegio argumenta que la modalidad de operación de la Defensoría Pública atenta contra la idoneidad de la defensa a que tienen derecho aquellos que no poseen los recursos económicos para procurársela por sí mismos.
La inquietud es valiosa. El análisis, débil.
Se señala que “en la medida que la defensa esté a cargo de una organización público administrativa, naturalmente ocurrirá que prevalecerán los intereses de esa organización” por sobre los intereses del defendido. El abogado defensor, funcionario de un servicio público jerarquizado, tendría incentivos a responder a las directrices de sus superiores antes que regirse por los principios éticos y criterios profesionales que debieran inspirar su actuación.
Poco esfuerzo realizan los autores de este texto por fundamentar su razonamiento. El resultado es decepcionante. Llevado al extremo, deberíamos asumir que todo abogado que se desempeñe profesionalmente al interior de una empresa privada estará dispuesto a renunciar a los principios éticos de la profesión en función del interés de la organización a la que pertenece. No puedo compartir esta apreciación.
Y ahora, ¿quién nos defiende?
El Colegio luego sostiene que, mientras la función de persecución criminal es una función pública, los defensores sólo realizan una “función privada de asesoría y representación, que debe ser razonablemente financiada pero no ejecutada por el Estado”. Al hacerlo, confunde gravemente la naturaleza de la función de defensa con los medios más idóneos para llevarla a cabo.
No sólo nuestra Constitución, sino también los instrumentos internacionales que forman parte de ella, establecen para toda persona el derecho fundamental a contar con defensa en un juicio penal. Que la defensa sea provista por un organismo de la administración o por abogados privados no afecta a la naturaleza pública de la misma. Sólo el Estado se encuentra en condiciones de garantizar efectivamente la existencia de la prestación. El planteamiento del Colegio es equivalente a sostener que, dado que en Chile contamos con cárceles concesionadas, la potestad de encarcelar a una persona es una función privada que el Estado sólo está llamado a financiar en términos razonables.
Por otro lado, nada dice el texto respecto de la asimetría que existe entre un Ministerio Público autónomo y una Defensoría dependiente administrativamente del ministerio de Justicia. Mientras el primero responde a una visión de Estado en materia criminal, el segundo se subordina a las políticas del gobierno. Más que la relación de subordinación jerárquica existente al interior de la defensoría penal, debiera inquietarnos la relación de dependencia entre la Defensoría y el ministerio con el cual se relaciona. ¿Qué incentivos, por ejemplo, tiene un defensor para cuestionar el hacinamiento carcelario cuando ésta es una cuestión de competencia, al menos parcial, de las autoridades ministeriales de las cuales depende? Una Defensoría Penal autónoma parece más concordante con un análisis institucional de incentivos que aquel que insinúa el documento del Colegio de Abogados.
Todos podemos tener miedo, pero...
La percepción de inseguridad que nos rodea hace que sintamos temor a ser víctimas de un delito. Sin embargo, reconozco que me inquieta la predilección evidente que mostramos como sociedad por la persecución de delitos, en tanto estamos dispuestos a otorgar un valor muy menor a la protección de los derechos de las personas.
No será políticamente correcto, pero confieso que me hubiera gustado que el mismo énfasis utilizado por el Colegio de Abogados para promover los derechos y garantías de los acusados en causas de atentados a la libre competencia, hubiera sido utilizado al analizar el futuro de la Defensoría Penal y el respeto efectivo del derecho a la defensa.
Al fin y al cabo, si los abogados no están comprometidos con las garantías personales, entonces, ¿quién podrá defendernos?

viernes, 30 de mayo de 2008

Columna Revista Capital



A propósito de las recetas para crecer


Artículo correspondiente al número 229 (30 de mayo al 12 de junio de 2008)

En medio de la incertidumbre, existe una receta que ha probado (no sin causar molestias a veces dolorosas en el organismo) ser exitosa: la libre competencia. Por Sergio Espejo.

De nuevo las recetas

Cada cierto tiempo se produce una explosión de recetas para que la economía nacional crezca a tasas superiores. Estos días no han sido la excepción. Motivadas por las incertidumbres de la economía internacional y las proyecciones domésticas del Banco Central, múltiples voces se apresuran a proponer sus recetas para la “influenza” económica que nos amenaza. No seré o quien pierda su propia oportunidad (brindada con gentileza por Capital) para “recetar” al menos un medicamento que me parece necesitamos con urgencia.
Recetas que sanan

Dicho en buen chileno, ¡pucha que falta competencia! Son incontables las oportunidades que permitirían incrementar la productividad si sólo abriéramos más espacio a la libre competencia. Veamos tres ejemplos.
A partir de una denuncia de la Cámara de la Construcción, la Fiscalía Nacional Económica acusó a cinco empresas sanitarias de abuso de posición dominante en contra de desarrolladores inmobiliarios. Amparadas en parámetros cuestionables y no detallados en las evaluaciones de proyectos, las empresas sanitarias vendrían cobrando en exceso a quienes buscan desarrollar proyectos inmobiliarios en la frontera de las zonas de concesión.
Nunca sabremos cuántos proyectos se frustraron o cuánto más han pagado los compradores de viviendas como resultado de esta política de cobros abusivos. Tampoco es posible medir la pérdida neta de actividad económica y de empleo que esta práctica ha provocado. Es hora de que el Tribunal de la Libre Competencia actúe.
Por otro lado, hemos sido testigos del desarrollo vertiginoso de las telecomunicaciones y de la forma en que ellas y las nuevas tecnologías de la información abren posibilidades insospechadas para mejorar la calidad de vida de las personas y aumentar la productividad.
En los próximos meses, tanto la autoridad de telecomunicaciones como la de la competencia deben pronunciarse sobre un nuevo concurso para licitar el espectro destinado a lo que se conoce como la tercera generación de telefonía móvil (3G). Se trata de servicios que permiten transferir voz y datos, descargar programas, intercambiar correos electrónicos y mensajería instantánea a velocidades y en condiciones superiores a las que estamos acostumbrados.
Naturalmente, las empresas de telefonía móvil aparecen como las principales interesadas en este concurso. Pero no olvidemos que así como la competencia ha sido un dinamizador notable en el desarrollo de la telefonía móvil, profundizar dicha competencia esfundamental para sostener ese desarrollo en el tiempo.
En mi opinión, es indispensable que la autoridad garantice espectro para asegurar el ingreso de nuevos actores a la telefonía móvil de tercera generación. Porque la competencia ha permitido más y mejores servicios de telecomunicaciones a precios cada vez menores, no podemos renunciar a promover aún más competencia en el sector.
Finalmente, con tardanza, el Sistema de Empresas Públicas (SEP) ha dado paso a una nueva fase de licitaciones de infraestructura portuaria. Las licitaciones deberán ser sometidas a consideración del Tribunal de la Libre Competencia para que éste se pronuncie sobre las restricciones vigentes a la integración horizontal.
En particular en el caso de Valparaíso y San Antonio, me parece que, pese a que es evidente que hoy ambos puertos compiten por captar clientes, una estructura de mercado en la que sólo contamos con un operador por puerto corre el riesgo en el largo plazo de generar colusiones tácitas y debilitar la competencia por precios.
Salvo circunstancias muy excepcionales, no me parece saludable eliminar en este caso las restricciones a la integración horizontal. No tengo dudas de que contaremos con actores interesadosen ingresar a un mercado que ha resultado dinámico y exitoso y que es, además, fundamental para el desarrollo del país.

Dele no más, doctor
Como en tantas cosas, existe el riesgo de que intentemos curar los síntomas de nuestra “influenza económica” sin ir a las causas de la enfermedad. En medio de la incertidumbre, existe una receta que ha probado (no sin causar molestias a veces dolorosas en el organismo) ser exitosa en este campo: la libre competencia. Si queremos sanar en serio, entonces inoculémonos con más competencia y políticas que la favorezcan. ¡Dele no más, doctor!

martes, 15 de abril de 2008

La Guerra de Los Puertos

Sergio Espejo Yaksic
Revista Capital
4 de Abril de 2008


Un paro en el Puerto de San Antonio sirve de preámbulo a la ya dilatada batalla que libran entre sí los puertos de Valparaíso y San Antonio por obtener luz verde para desarrollar nuevas licitaciones. El conflicto escala en las páginas económicas de la prensa, ésta anticipa las conclusiones de un panel de expertos convocado especialmente para proponer una política portuaria y el Presidente del Sistema de Empresas Públicas (SEP) es removido de su cargo. Entre tanto ruido me parece indispensable tratar de enfocar la discusión.

Lo que está en juego

En 1998 Chile tomó una decisión estratégica audaz. Una ley dictada ese año inició una agresiva política de concesiones de puertos optando por el sector privado como motor de las inversiones del sector.

El éxito de la reforma es evidente. En un país cuya economía es sostenida fundamentalmente por el comercio exterior, con montos asociados que se han incrementado desde algo más de US$30 mil millones el año 2000 hasta superar los US$110 mil millones en 2007, la capacidad de transferencia de mercaderías a través de las fronteras resulta fundamental. En nuestro caso, dicha capacidad descansa de manera crítica en los puertos: Más del 85% de los productos de exportación e importación se movilizan por vía marítima.

La reforma permitió financiar con capital privado el desarrollo de la infraestructura necesaria, así como hizo posible aumentar la velocidad de transferencia y reducir los costos de operación de los puertos.

En consecuencia, cuando debatimos sobre decisiones portuarias lo hacemos sobre un elemento central para el desarrollo económico de Chile.

Desde el punto de vista del país, lo importante no es si se licita primero San Antonio o Valparaíso, sino que contemos oportunamente con la infraestructura portuaria que nuestro comercio exterior requiere, a un costo que nos haga más competitivos.

¿Inventar la rueda?

Una de las razones que vuelve algo incomprensible la guerrilla de declaraciones entre los puertos es que la propia ley de 1998 resolvió de manera exitosa la manera de decidir inversiones. Si un privado está interesado en invertir en un puerto, éste último está obligado a llamar a una licitación. Si es el puerto el interesado en el desarrollo de inversiones, entonces debe también llamar a una licitación.

En otras palabras, la decisión de invertir debe superar el test de mercado más exigente, la disposición de privados a invertir recursos propios en un negocio respecto del cual tienen una expectativa razonable de ganancias.

El “modelo” resultó exitoso. La rueda, en este caso, ya fue inventada. ¿Para qué inventarla nuevamente? Las inversiones han fluido de manera continua y efectiva. El país ha contado con la infraestructura portuaria que ha necesitado y los costos de eventuales sobre inversiones son de cargo de los privados y no del estado.

Y cuando el mecanismo no ha sido utilizado, el mercado ha castigado esa determinación. A mediados del año pasado el SEP suspendió la licitación de Talcahuano. El directorio de la empresa fue removido por el solo pecado de estimar que sin licitación la infraestructura del puerto continuaría un curso de peligroso deterioro.

Fue un error. Si las inversiones no eran necesarias o resultaban poco rentables, entonces serían los privados quienes no participarían de ellas. En cambio, ahora es el estado quien paga el costo del error.

Tres meses después de la decisión del SEP y mientras el Puerto de Talcahuano continúa su lenta pero permanente decadencia, la compañía privada Puerto Coronel anuncia el inicio de la construcción de un nuevo muelle que transferirá 3 millones de toneladas al año. La licitación en el puerto público se justificaba.

Dejémoslos competir.

La discusión sobre las licitaciones en la Quinta Región es una oportunidad para enmendar el rumbo.

La evidencia indica que de no mediar inversiones el país enfrentará un cuello de botella en esta plataforma portuaria. Pero la forma de resolver esta cuestión no consiste en “elegir el ganador”, limitando o impidiendo a uno de los puertos el poder competir con libertad. Por el contrario, la regulación portuaria permite a San Antonio y Valparaíso jugar todas sus cartas para atraer la mayor cantidad de inversiones posibles de la manera más eficiente. Uno y otro tienen atractivos y virtudes más que suficientes para lograrlo.

Dejémoslos competir.

viernes, 7 de marzo de 2008

La Oportunidad del Ciclo Electoral

Sergio Espejo Yaksic
Diario Electrónico El Mostrador
http://elmostrador.blogspot.com/
7 de Marzo de 2008

Se multiplican los análisis indicando que el inicio del ciclo electoral, con renovación de casi la totalidad de los cargos de elección popular en un plazo de dos años, impedirá avanzar en políticas y reformas que incrementen el bienestar de las personas y expandan las libertades. El ciclo que se inicia sería, desde esta óptica, tiempo perdido.

Es un error resignarse a esta “fatalidad”. Hay mucha tarea por hacer.

En mi opinión, un ciclo electoral puede ser también una oportunidad para evaluar liderazgos, para forzar a los contendores a explicitar sus visiones, sus ideas sobre el futuro y sobre los mejores caminos para alcanzar el desarrollo, para acelerar la adopción de acuerdos que los ciudadanos consideramos importantes.

Capitalizar esta oportunidad será complejo, pero no es en modo alguno imposible.

La primera condición es que el gobierno no caiga en el juego de zancadillas en que quiere embarcarlo la oposición. La acusación constitucional contra la ministra de educación, por ejemplo, no debiera impedir implementar los acuerdos alcanzados en torno a la reforma educacional. La acción del nuevo gabinete parece bien encaminada en esa dirección.

La segunda condición es debatir en serio sobre el futuro. Ahí tenemos más dificultades. Ya no se trata de hablar de inclusión social o de crecimiento en abstracto, sino de señalar – por ejemplo - cómo multiplicamos las experiencias escolares exitosas que sostenedores públicos y privados desarrollan a lo largo de Chile; cómo canalizamos inversión hacia infraestructura que integre nuestras ciudades de manera más armónica y mejore la calidad de vida de sus habitantes; cómo transferimos mayor poder de decisión y ejecución efectiva a los municipios y las regiones.

Si somos capaces de cumplir estas dos condiciones, aún con la rudeza propia de un período electoral, entonces tenemos razones para ser optimistas sobre el futuro.

jueves, 6 de marzo de 2008

¿Y usted, en que cambió de opinión?

Sergio Espejo Yaksic
Revista Capital, 22 de Febrero de 2008
Santiago de Chile


¡Qué gran pregunta!

La Edge Foundation ha publicado hace poco en su World Question Center (http://www.edge.org/) el resultado de su interrogante para el año 2007: ¿En qué ha cambiado de opinión en 2007?

Decenas de intelectuales, científicos y artistas responden esta pregunta con gracia y humildad. A través de ellos, descubrimos que el ensayo y error, el reconocerse moldeables por nuevas vivencias y descubrimientos, el atreverse a elegir y caminar en la incertidumbre, son parte fundamental del aprendizaje y la preparación para enfrentar desafíos mayores.

Fantásticos cambios de opinión.

Howard Gardner, el destacado psicólogo de la Universidad de Harvard, nos cuenta que encontró en Jean Piaget la fuente de inspiración tanto de su vocación como de la orientación que tomaron sus intereses académicos. Para Gardner, el valor de las interrogantes formuladas por Piaget en torno al desarrollo de la mente permanecen intactos.

Sin embargo, cuarenta años después de iniciada su carrera académica, Gardner reconoce que el grueso de su trabajo se ha desarrollado a partir de una crítica a las observaciones y teorías desarrolladas por Piaget. El resultado de sus investigaciones, sea a propósito de las capacidades cognitivas de los recién nacidos, o de los diferentes tipos de inteligencia que encontramos en los humanos, es el resultado de reconocer haberse equivocado al abrazar inicialmente los enfoques de Piaget.

Kevin Nelly, autor y fundador de la revista Wired, reconoce su profunda equivocación al vaticinar el fracaso de Wikipedia. Con 20 años de experiencia en Internet, Nelly estaba convencido que era imposible contar con una enciclopedia que fuera el resultado de conocimiento compartido en redes, una enciclopedia editada “por todos”. Un producto que, en su opinión, debía además sobrevivir la propensión al vandalismo de miles de seres humanos, mayoritariamente jóvenes, ocupando su tiempo de ocio y aburrimiento on-line.

“Qué equivocado estaba”, dice Nelly. El poder de las redes sociales y de conocimiento, el potencial constructivo de la cooperación y la innovación hicieron posible lo imposible. En Wikipedia, tanto las debilidades como las virtudes de los individuos son transformadas en riqueza colectiva, con un mínimo de reglas y elites, con una burocracia tan pequeña que parece invisible. En este proyecto, Nelly descubre sorprendido una nueva esfera de lo social, así como el valor de creer en lo imposible.

Si hasta Daniel Kahneman, psicólogo de la universidad de Princeton y Premio Nobel de Economía del año 2002, cuestiona hoy las conclusiones a las que llegó durante años de estudios sobre el bienestar.

Y usted, ¿en qué cambió de opinión?


Estoy seguro que no es necesario ser ni famoso, ni científico, ni empresario, ni político para hacerse la pregunta. En mi caso, durante 2007 yo también cambié de opinión.

En un mundo de cambios acelerados, de incorporación veloz de la tecnología en nuestras vidas, sólo para constatar su rápida obsolescencia, así como de sobre valoración del éxito y la juventud, creo haber terminado compartiendo la intuición de F. Scott Fitzgerald: No existen segundos actos en nuestra vida. Es decir, la vida es breve y en ella no hay espacio para comenzar de nuevo al enfrentar un quiebre o una caída. Si no me cree, habría dicho hace algunos meses, pregúntele a esos hombres y mujeres que han perdido su empleo con más de 50 años y ven cerrarse ante sí una y otra vez las puertas de nuevas oportunidades.

Ya no pienso así.

En diciembre pasado, un tremendo amigo y gran economista se casa por segunda vez teniendo más de sesenta (envidiables) años. Mi madre – viuda - viaja sola por el Medio Oriente y Harrison Ford se prepara a los sesenta y cinco años para interpretar nuevamente a Indiana Jones. Suma y sigue. Descubro que Muddy Waters, un genio del blues, grabó una de sus piezas maestras a los sesenta y dos años. Frank McCourt, uno de mis escritores preferidos, publicó su primer libro a los sesenta y seis años, “Angela´s Ashes” (y ganó el Pulitzer). Usted conoce más empresarios que yo que han empezado exitosamente “su segundo acto”. ¿Que no ocurre en política? Pregúntele a Patricio Aylwin, cuyo primer acto se cierra con el colapso del Chile de la década de los setenta, pero que a los setenta y dos años se convierte en un estadista inolvidable.

Y yo solo cumplo cuarenta y uno en marzo. Definitivamente, he cambiado de opinión. ¿Y usted, en qué cambió de opinión durante 2007?