viernes, 7 de mayo de 2010

Cura del Alma

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Cristián Warnken

Jueves 29 de Abril de 2010


Cura del alma


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Hay curas y curas. La palabra Sorge en alemán significa “cura”, cuidado. Hay curas que sanan y otros, en cambio, que enferman y envenenan lo que se les entregó para cuidar y curar. El abismo que separa a los unos de los otros es el mismo que el que separa la luz de la oscuridad, el mal del bien.

Están los curas de pueblo, bonachones y campechanos, cuya fe está cerca de la tierra (y, por eso, tal vez también del cielo) y con los cuales se puede tomar el vino consagrado en una rústica mesa familiar.

Está también la categoría de los curas de prédica aburrida y ramplona, que lo hacen a uno bostezar en misa, incluso cuando están hablando de los misterios más hermosos y elevados. Ellos no hacen el mal, sólo aburren. Hacen los domingos más tristes de lo que ya lo son.

En sus antípodas están los curas de retórica incendiaria, de carisma fuerte. Son atractivos, pero en esa misma atracción reside un peligro: algunos usan su especial energía y retórica contagiosa para generar incondicionalidades enfermizas y acríticas en fieles ávidos de alguien que les administre la vida interior. Y eso pasa porque el católico medio es muchas veces ignorante de su propia fe, flojo: no lee, no profundiza, prefiere que se le entregue un pan digerido, una papilla espiritual, que otros piensen por él. Para fieles así, es muy difícil distinguir la cizaña del trigo. El límite entre alguien tocado por el espíritu santo y un psicópata o pervertido es muy tenue, y la historia humana (y no sólo la de la Iglesia) está llena de ese tipo de impostores.

Tanto daño pueden hacer, que uno tiende a preferir incluso la fe tibia, “FOME” del sacerdote ramplón. Es cierto que ha habido “personalidades” apasionadas en la Iglesia, pero esos son un San Pablo o una Santa Teresa de Ávila, tan excepcionales como escasos y de otro nivel que los “santos” falsarios que hoy ocupan las páginas amarillas de los diarios del mundo. Qué duro ha sido desvestir esos “santos”, y qué doloroso está siendo para muchos creyentes de buena fe darse cuenta de que a los que veneraban eran, en realidad, asesinos de almas en serie.

Yo quiero rendir un homenaje, en esta hora de decepciones tan hondas, a los sacerdotes que “curan” el alma. Ellos no exigen una adhesión patológica: dan (sin esperar nada a cambio) amor y sabiduría, lo único esencial que necesitamos para cruzar en paz este valle de lágrimas. Los curas del alma, cuando predican la verdad, lo hacen sin estridencias, hasta con cierto pudor, no dejando espacios para peligrosos cultos a la personalidad.

Beltrán Villegas es uno de ellos. Experto bíblico, traductor de los salmos, nos traspasó su amor a la hermosa lengua hebrea, enseñó a muchos de mi generación a leer la Biblia con gozo e inteligencia literaria. Él nos hizo descubrir que Cristo era un poeta, y que la duda enriquece una fe sana. A él le hice las preguntas más difíciles, de él aprendí que ser católico no significa tapar el duro vacío que somos con comodines tramposos. Su manera exquisita de predicar era escuchar y dialogar sin límites. Por sacerdotes refinados intelectual y espiritualmente como él, que respetan la libertad y la intimidad sagrada de sus fieles, la Iglesia superará esta amarga crisis.

Una canción de Sui Generis, “¿Dónde está Dios, dime quién me lo robó?”, resume la pregunta lacerante de las víctimas de los abusos, pregunta que ha golpeado y emocionado al mismo Papa. Al contar su verdad, ellos están dando testimonio de un coraje interior que les ha faltado a quienes —desde las jerarquías locales— debieron acelerar los procesos de investigación todavía inexplicablemente inconclusos. Jesús está llorando en esta hora, su santa faz tiene vergüenza cuando mira a la cara a sus “representantes” en la tierra: nada lo violentaba más que la cobardía y el fariseísmo. Yo recuerdo, en cambio, la sonrisa sabia bajo una barba rala y los ojos limpios de Beltrán Villegas.

jueves, 29 de abril de 2010

¿Qué pensará Longueira?

El Sistema de Servicio Civil y Alta Dirección Pública (ADP) nació como resultado de la mayor crisis política registrada durante los gobiernos de la Concertación. Sumido en los escándalos provocados por los denominados casos de sobresueldos, coimas y MOP GATE (todos de distinta naturaleza y gravedad), el gobierno logró hacer de lo que parecía una crisis terminal (recordemos a Ascanio Cavallo) una oportunidad para modernizar el Estado.

La oportunidad no habría cristalizado de ninguna manera sin el compromiso político del Senador Longueira. Probablemente visualizando un espacio para mostrar a la derecha como alternativa efectiva de gobierno, capaz de administrar los asuntos importantes del Estado y no sólo de hacer oposición, Longueira escogió llegar a un acuerdo que no sólo viabilizó la reforma sino además rescató al gobierno de las profundidades en que se encontraba.

La coalición de Longueira está hoy en el gobierno. En un mes y medio han deslegitimado el sistema que promovieron y ayudaron a crear. Pese a hacer campaña bajo el slogan de "gobernar con los mejores" y respetar la función pública, en pocas semanas han pedido la renuncia, con total independencia de cualquier evaluación técnica, a un número significativo de directivos elegidos según ADP. Lo han hecho pese a que esas designaciones se produjeron siendo la actual Directora de Presupuestos y la principal asesora del Presidente miembros del Consejo de la ADP. Aún más, la principal asesora del Presidente se mantiene hasta hoy en el Consejo - con renuncia pendiente para hacerse efectiva - demostrando que la independencia de éste no es algo en lo que crean.

El gobierno de quienes se mostraban indignados con los "operadores políticos", no titubea en desvalorizar una de las principales modernizaciones que el Estado de Chile tuvo en 50 años, para poder instalar a sus "operadores políticos".

¿Qué pensará Longueira de ésto?


miércoles, 21 de abril de 2010

Alta Dirección Pública y Publicidad Engañosa

Sebastián Piñera hizo campaña argumentando que el suyo sería "el gobierno de los mejores", que contaba con la mejor gente y que conduciría los asuntos públicos de mucho mejor manera que una Concertación que denunciaba como agotada.

Dicha promesa ha chocado, primero, con una enorme dificultad para encontrar las personas necesarias para cumplir funciones públicas. Da la impresión que los salarios públicos, hasta ahora considerados excesivos, no eran consistentes con la vocación de servicio público de la derecha. Luego, la excelencia ha chocado con una primera línea de autoridades, incluyendo al Presidente de la República, que brillan por la presencia de conflictos de interés entre sus actividades privadas y su actual condición de servidores públicos.

Lamentablemente, la guinda de la torta parece dada ahora por la anemia en que parece encontrarse el sistema de Alta Dirección Pública. Creado durante la administración Lagos a través de un acuerdo con la oposición, el sistema tiene como responsabilidad nombrar a la mayoría de los funcionarios públicos responsables de conducir servicios y departamentos de gran relevancia para la administración del Estado.

Pues bien, el Consejo a cargo de la Alta Dirección Pública hoy se encuentra acéfalo. Su presidenta renunció en marzo. Otra consejera renunció para asumir como Directora de Presupuestos. Una tercera consejera alterna sus funciones en el Consejo con la jefatura de la oficina de asesores del Presidente (una rara manera de garantizar la independencia en el ejercicio de sus funciones) y un cuarto consejero está pronto a vencer su período sin que se cuente con reemplazante hasta la fecha.

Convengámoslo. La oferta de mérito y excelencia en la Administración Pública tiene cada vez más aroma a publicidad engañosa.


Responsabilidad Penal de las Empresas

Ignacio Castillo explica muy bien el sentido de establecer la responsabilidad penal de las empresas, así como las limitaciones de esta figura en la forma en que ha sido recientemente introducida en nuestra legislación.

lunes, 5 de abril de 2010

El Sentido de lo Público

Mi gran amigo el abogado y comunicador dominicano, José Carlos Nazario, recuerda en este artículo de El País el valor del denominado "consenso social demócrata" y el sentido de lo público. Aún cuando Judt pueda equivocar algunos derroteros, siempre he creído que el testimonio del hombre que se aproxima a la muerte debe ser escuchado. Esta no es la excepción.

viernes, 29 de enero de 2010

Revista Capital - Especial Elecciones 2010 "Piñera en la Encrucijada"

El manejo de las expectativas: La lección de Brunelleschi

Artículo correspondiente al 29 de enero de 2010 (http://www.capital.cl/reportajes-y-entrevistas/corre-piñera-corre-12.html)

Las presiones y tensiones del primer año de mandato serán significativas

Se afirma que fue el pintor florentino Filippo Brunelleschi quien, en las primeras décadas del siglo XV, incorporó la perspectiva en la pintura. Todos sentían la carencia, nadie había sido capaz de definirla. Con esta invención clave, el espectador adquiere una mirada privilegiada que recoge en su complejidad y verdadera dimensión la escena que contempla.

Perspectiva es, precisamente, la virtud que con más fuerza requerirá Sebastián Piñera.

En primer lugar, perspectiva para comprender que esto no es sobre el “año uno”, sino que más bien sobre el “año cuatro”. Las presiones y tensiones del primer año de mandato serán significativas. En esos momentos, la tentación recurrente consistirá en evitar conflictos, esquivar las decisiones difíciles y procurar mantener altos niveles de aprobación.

Sería un error.

La experiencia indica que es el inicio del mandato el momento para asumir las decisiones más difíciles, cuando se cuenta con más aprobación y los ciudadanos comprenden que sus autoridades viven un proceso de aprendizaje. El capital político hay que utilizarlo con inteligencia en el momento en que se dispone de él. Luego se diluye. Esa convicción es la que llevó a Aylwin a aceptar el consejo de su ministro Foxley e impulsar al inicio de su mandato una reforma tributaria que obviamente sería muy resistida. Aceptó arriesgar su capital político y logró el financiamiento que luego sería indispensable para la estrategia de crecimiento con equidad que cambiaría la cara de Chile.

La perspectiva exige identificar con claridad los ámbitos en los que se juega el éxito del mandato. Pero también demanda la serenidad y el coraje necesarios para resistir los cantos de sirena que, con el argumento de proteger el capital político, no hacen más que privar de él en el largo plazo.

Piñera también requerirá perspectiva para construir una relación constructiva con la oposición. La Concertación y sus aliados fueron derrotados, pero aún así representan prácticamente a la mitad de la población y controlan la mitad del Congreso. No hay éxito para el gobierno si sus relaciones con la futura oposición quedan marcadas por el sino del enfrentamiento. Desafortunadamente, no será fácil evitar este riesgo después de que Andrés Allamand invirtiera tanto tiempo y energía en desandar el camino de la democracia de los acuerdos para instalar la lógica de la oposición del desalojo. Siembra vientos…

Tampoco ayudará el embarcarse en niñerías como el intento fallido por sumar a los radicales en la mesa de la Cámara de Diputados. Cuando la Concertación pactó con la UDI en 1990 para definir las mesas de la Cámara y el Senado, lo hizo con el partido más duro de la oposición y aquel que contaba con el liderazgo más pragmático. Pactó porque entendió que sin acuerdos estructurantes como aquel no habría ni gobernabilidad ni cumplimiento del programa.

Es obvio que el episodio con los radicales se ubica en una sintonía muy distinta.

Perspectiva requerirá finalmente el nuevo presidente para resolver, alguna vez, la cuestionada relación que ha construído entre política y negocios. Con franqueza, en cualquier democracia desarrollada habría sido un escándalo un episodio como el de las alzas en el valor de las acciones su propiedad ocurrido inmediatamente después de ser electo.

Desconozco la solución que encontrará el presidente electo para resolver esta situación, pero no es necesario conocer los secretos del Tarot para anticipar que estamos frente al talón de Aquiles presidencial, y que salvo que Piñera entienda la sensibilidad del tema y actúe en consecuencia, nos encontraremos más temprano que tarde debatiendo sobre lo mismo.

Si Piñera me preguntara le sugeriría aprender de Brunelleschi.

lunes, 25 de enero de 2010

Reconocen violación de derechos de carabineros y sus esposas

Diario La Nación
Jueves 21 de Enero 2010
http://www.lanacion.cl/reconocen-violacion-de-derechos-de-carabineros-y-sus-esposas/noticias/2010-01-20/222405.html

El Estado suscribió ayer un acuerdo de solución amistosa con 12 ex funcionarios de Carabineros que fueron dados de baja por una manifestación realizada en 1998 por sus cónyuges, quienes demandaban mejores sueldos para ellos.

El acuerdo fue suscrito en representación del Estado por la subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco; el general subdirector de Carabineros, Gustavo González, y la directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Carmen Hertz y consigna el reconocimiento formal por parte del Estado de la violación de sus derechos humanos y se tradujo en una disculpa formal por parte del gobierno, la limpieza de sus antecedentes, la revisión de todo el reglamento de calificaciones de Carabineros y una indemnización de US$17 mil para cada funcionario y US$3.000 para su respectiva esposa.

Sergio Espejo, representante de Interés Público, fundación que asesoró legalmente a los afectados, dijo ayer que el acuerdo envía dos mensajes claros; “Los carabineros al igual que otro funcionario tienen derecho a ser evaluados por sus superiores de manera imparcial. En segundo término, las mujeres de cada funcionario no son de segunda categoría y tienen derechos a ejercer sus libertades sin estar sujetas al control de sus esposos ni de la institución a las cuales ellos pertenecen”, señaló el abogado.

MUJERES PROTESTARON

Los hechos se remontan al año 1998, cuando un grupo de 12 mujeres casadas con funcionarios de carabineros fueron reprimidas y procesadas por la justicia militar luego de realizar manifestaciones públicas motivadas por los bajos sueldos de sus esposos.

La acción motivó que la institución diera de baja a los funcionarios, situación que posteriormente fue revisada en Washington por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicha organización determinó que tanto oficiales como sus cónyuges tuvieron un proceso de calificación arbitrario y contrario a los derechos que les otorgan tratados internacionales suscritos por nuestro país.

Los afectados demandaron al Estado por violar sus derechos de garantías judiciales, protección de la honra y dignidad, protección de la familia, derecho a la igualdad ante la ley y la protección judicial.

Más información sobre esta noticia en:

http://www.ipublico.cl/noticias/2010/01/estado-de-chile-reconoce-violacion-de-derechos-humanos-en-contra-de-ex-funcionarios-de-carabineros-y-de-sus-conyuges/

http://www.chilevision.cl/home/index.php?option=com_content&task=view&id=228925&Itemid=180

http://www.chilevision.cl/home/index.php?option=com_content&task=view&id=228910&I%20temid=81

http://diario.elmercurio.cl/2010/01/21/nacional/nacional/noticias/4362ff38-b324-46d9-badd-da7e8427083b.htm

http://www.radio.uchile.cl/notas2.asp?idNota=58698

http://www.24horas.cl/videos.aspx?id=31109&tipo=27

http://www.adnradio.cl/nota.aspx?id=941066

http://www.radiobiobio.cl/2010/01/20/el-estado-llega-a-acuerdo-con-carabineros-dados-de-baja-luego-de-que-sus-esposas-protestaran-por-bajos-sueldos-en-1998/

http://www.amnistia.cl/web/ent%C3%A9rate/reconocen-violaci%C3%B3n-de-derechos-de-carabineros-y-sus-esposas

martes, 15 de diciembre de 2009

Blog Apuntes de Orlando Jorge Mera

Elecciones de Chile vistas por Sergio Espejo
Artículo correspondiente al Sábado 12 de Diciembre de 2009


La elección de este domingo se vive en un ambiente marcado tanto por la incertidumbre sobre sus resultados como por la falta de dramatismo con que - al menos aparentemente - la mayoría de los chilenos parece acercarse a ella. Se trata de la primera elección que enfrentamos tras la muerte de Pinochet, la primera en que la coalición de gobierno vive deserciones que se convierten en candidaturas alternativas y la primera en que las encuestas resultan favorables al representante de la derecha opositora.

En ese contexto, la segunda vuelta electoral que se realizará durante la primera quincena de enero sí será una prueba de nervios. Dado que nadie duda que el candidato de derecha será uno de los dos competidores en esa ocasión, el representante de la centro izquierda - que en mi opinión será el ex Presidente Frei - deberá ser capaz de un ejercicio extraordinariamente difícil: demostrar a quienes consideran que la coalición gobernante ha cumplido su ciclo y se ha agotado, que existe espacio para liderar un proyecto que no sólo impida el acceso de la derecha al gobierno, sino además reconecte a Chile con la ruta de la modernización económica y la equidad social. Yo creo que eso es posible.

jueves, 10 de diciembre de 2009

Columna Revista Capital

Cuadrar el círculo

Artículo correspondiente al jueves 10 de diciembre de 2009


En un mundo globalizado, cuando nuestras empresas fallan, es Chile el que falla. La ley de nueva institucionalidad ambiental da pasos positivos en esta dirección. Será necesario difundirla mucho más.


Son gran ojo periodístico, Capital ha sido persistente en presentar durante 2009 distintas facetas de la discusión ambiental nacional e internacional. Se trata de una cuestión clave para nuestro desarrollo, cruza fronteras geográficas y políticas y a su respecto existe además controversia científica. Por mi parte, en columnas anteriores he procurado mostrar de qué manera el elevar nuestros estándares ambientales es condición indispensable no sólo para mejorar la calidad de vida de los chilenos, sino también para competir con éxito en los mercados internacionales.

Sin embargo, es necesario reconocer que avanzamos intentando cuadrar el círculo.

Por un lado, ¿cuáles son los estándares ambientales que deberemos cumplir para poder competir? En medio de serias dificultades para alcanzar un acuerdo internacional post Kyoto que controle las emisiones de gases de efecto invernadero, las exigencias resultan una combinación compleja de regulaciones domésticas, modelos comerciales y acuerdos internacionales.

No es fácil moverse en este escenario. Hace pocos días, exportadores de choritos en Chiloé (el mundo real de nuestra small open economy) me describían los malabares que tienen que hacer para mantenerse al día con las exigencias de sus mercados de destino, la mayor parte en Europa. Lo más impresionante es que su preocupación no era ni siquiera poder cumplir con esas exigencias, sino lograr conocer con claridad y anticipación cuáles eran éstas.

Por otro lado, nuestra regulación ambiental –en aquello en que la tenemos– está compuesta por una gran variedad de normas sectoriales, fiscalizadas por diversas instituciones públicas que habitualmente actúan aplicando criterios mutuamente divergentes.

Para resolver esta situación y siguiendo las mejores prácticas internacionales, hemos aprobado hace pocos días el proyecto de ley que crea el ministerio del Medio Ambiente, la Superin-tendencia y el Servicio de Evaluación Ambiental. Les seguirá en un plazo razonable el Tribunal del Medio Ambiente.

Soy un firme partidario de esta reforma. Pero, ¿se imagina usted la magnitud del ejercicio de adaptación que nuestra economía deberá vivir en un contexto de incorporación progresiva –necesaria, por cierto– de normas de emisión y calidad, así como de incremento en la fiscalización ambiental?

Frente a estos desafíos, me parece importante que no escondamos la cabeza bajo la tierra, al modo del avestruz, ni intentemos cuadrar el círculo minimizando la complejidad de la tarea.

En primer lugar, intuyo que estamos dejando que los costos de la adaptación productiva sean problema de todos y, por lo tanto, de nadie. Esto no tiene lógica. Si creemos que esta adaptación es no sólo necesaria sino además costosa, así como sabemos que ella impactará en la línea de flotación de empresas y empleos, ¿no deberíamos conversar sobre la forma en que la financiamos y los plazos necesarios para ello?
En segundo lugar, ¿realmente creemos que esta adaptación productiva es posible sin avanzar más en la modernización del principal encargado de diseñar y ejecutar dichos estándares, el Estado? La nueva institucionalidad ambiental no será respuesta suficiente. ¿O se imagina usted el relanzamiento de la actividad acuícola nacional con la misma precaria institucionalidad pública que, en combinación con la falta de prolijidad de algunos privados, hizo posible la crisis de la salmonicultura?

Por último, ¿seguiremos creyendo que es posible una estrategia de desarrollo ambientalmente sustentable sin revisar los enfoques tradicionales de la acción pública? Mi impresión es que el objetivo político debe ser facilitar y estimular la adaptación productiva y el cumplimiento normativo. Es decir, nivelar hacia arriba, adoptar un enfoque de acción y fiscalización preventivo antes que punitivo. Es obvio que parte importante de nuestras empresas está fuera de estándar. Muchas de ellas, por falta de conocimiento o de financiamiento. Entonces, ¿acaso no constituye un objetivo de país empujarlas en la dirección correcta en vez de tranquilizar nuestra conciencia amparándonos en la consigna de que el Estado sólo debe preocuparse de fiscalizar y los privados de cumplir la normativa? En un mundo globalizado, cuando nuestras empresas fallan, es Chile el que falla. La ley de nueva institucionalidad ambiental da pasos positivos en esta dirección. Será necesario difundirla mucho más.

Chile ha enfrentado pruebas más difíciles. Estoy seguro de que superará esta con éxito. Pero primero tenemos que renunciar a intentar cuadrar el círculo.

miércoles, 23 de septiembre de 2009

Columna Revista Capital


Houston, tenemos un problema
Artículo correspondiente al jueves 15 de septiembre de 2009

A meses de la cumbre de Copenhague, las potencias anuncian nuevas exigencias ambientales para la comercialización de productos. ¡Esos son nuestros mercados! ¡Esos son los estándares que nuestros productos deberán cumplir!

Los seres humanos amamos los símbolos. Se trata, entre otras cosas, de un mecanismo que nos permite resumir o sintetizar de manera simple, en imágenes o conceptos, ideas, aspiraciones o procesos más complejos.

Para el movimiento ambientalista y para todos aquellos con interés en las cuestiones medioambientales, uno de esos símbolos clave ha sido hasta ahora –casi como un mantra– la palabra “Kyoto”. Pero ya no más. Meses antes de que la próxima conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático tenga lugar en la ciudad danesa que lleva ese nombre, “Copenhague” es el nuevo símbolo ambiental mundial. Entre el 7 y el 18 de diciembre próximo, jefes de Estado, ministros, expertos y representantes de la sociedad civil de 192 países se reunirán para concordar los objetivos y acciones necesarias para combatir el calentamiento global.

La candidez insular que nos caracteriza lleva a muchos a preguntarse qué tiene que ver esto con nosotros. ¿No se realizan permanentemente decenas de conferencias internacionales cuyos efectos prácticos son casi inexistentes? Y aún si la conferencia fuera exitosa, ¿acaso no es cierto que países como el nuestro, cuya capacidad de producir emisiones de gases de efecto invernadero es todavía limitada, se encuentran liberados de la obligación de comprometerse con metas de reducción de emisiones? Incluso más: si uno de los principales productores de gases de efecto invernadero, Estados Unidos, ha evitado suscribir los compromisos de Kyoto, ¿por qué Copenhague debiera significar un cambio relevante de las condiciones y exigencias que ya existen hoy?

Eso es no entender nada. Vamos por partes.

Comencemos diciendo que uno de los principales free-riders en materia de calentamiento global, Estados Unidos, vive un cambio de dirección que tendrá impacto profundo en este campo. Por una parte, el presidente Obama ha comprometido la presencia de su país en la conferencia. Me dirán que es sólo un ejercicio diplomático o cosmético. Respuesta equivocada. En sus primeros meses de gobierno, la administración norteamericana no sólo incluyó 100 billones de dólares en gasto verde como parte del plan de estímulo económico, sino que a través de la Agencia de Protección Ambiental declaró al dióxido y a otros cinco gases de efecto invernadero como amenazas a la salud, entre otras medidas. En paralelo, la Cámara de Representantes norteamericana aprobó en junio pasado la American Clean Energy and Security Act, cuyo objetivo es alcanzar para 2020 una reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero en un 17% comparándolo al nivel de 2005, y de 83% para el año 2050.

La Unión Europea se ha adelantado a Copenhague con su propio plan: Europa 20/20/20. Se trata de un ambicioso esfuerzo para lograr reducir sus emisiones de carbono en un 20% al año 2020 en comparación con las emisiones de 1990, reducir en 20% el consumo de energía y alcanzar un 20% de producción de energía primaria en base a fuentes renovables, también para el año 2020.

Mientras tanto, sabemos que importantes cadenas de supermercados que operan en Europa y Estados Unidos, como son los casos de Tesco, Casino y Wal-Mart, comienzan a exigir etiquetados ecológicos y, progresivamente, también de huella de carbono a los productos que esperan ser comercializados en sus locales.

Francia dicta la Ley Granelle 2 y establece que a partir de enero de 2011 los alimentos y sus derivados deberán informar sobre las emisiones de gases de efecto invernadero que generaron su elaboración y distribución. La exigencia es un requisito para la comercialización dentro del país de productos domésticos e importados y consagra legalmente la obligación de certificar la huella de carbono. La prensa nos informa, además, que el presidente Sarkozy ajusta los últimos detalles para anunciar un impuesto verde sobre el consumo de combustibles fósiles.

¡Esos son nuestros mercados! ¡Esos son los estándares que nuestros productos deberán cumplir!
Así, resulta imposible no recordar la voz de los astronautas en dificultades diciendo a través de la radio “Houston, tenemos un problema”.

Es cierto, bajo el liderazgo inteligente y tenaz de nuestra ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, un proyecto de ley que crea una nueva institucionalidad ambiental avanza en el Congreso, un programa de manejo de cuencas hidrográficas se desarrolla en zonas piloto, la normativa para control de emisiones de material particulado fino en nuestras ciudades va tomando forma y el ministerio de Agricultura desarrolla estudios para medir la cantidad de carbono que se libera a la atmósfera en los procesos productivos de los principales rubros agrícolas exportables… pero no basta.

El desafío que enfrentamos demanda un acuerdo político de envergadura, así como un trabajo de estrecha asociación entre agentes públicos y privados. No existe otra manera de permitir el tránsito gradual pero sostenido hacia la economía de baja intensidad de carbono que será nuestra llave de acceso al futuro.
Mientras tanto, seguimos discutiendo sobre el bono de marzo por 40 mil pesos…

jueves, 25 de junio de 2009

Columna Revista Capital

Es cierto, no es muy sexy, pero...
Artículo correspondiente al jueves 25 de junio de 2009
http://www.capital.cl/blog/index.php?p=3105

¿Tiene sentido introducir cambios a la institucionalidad que regula, fiscaliza y fija tarifas a distintas áreas de servicios? Aunque está funcionando con cierto grado de efectividad, yo diría que hacer ajustes sí se justifica.

Hace pocos días fui invitado a comentar una investigación del economista de la Universidad de Chile Aldo González. Su trabajo tiene mérito. Entre otras cosas, porque se anima a abordar una de las temáticas menos sexy de los últimos años: la institucionalidad de los organismos que regulan las tarifas de los sectores eléctrico, de telecomunicaciones y de agua potable. Y eso es valioso porque, haciendo honor a la mejor tradición de la academia, nos invita a poner atención no sólo en lo urgente sino también en lo importante.

Un acierto del trabajo, me parece, es reconocer la efectividad que ha demostrado en el tiempo una institucionalidad que combina de manera poco ortodoxa arquitecturas institucionales variadas.

Un acierto del trabajo, me parece, es reconocer la efectividad que ha demostrado en el tiempo una institucionalidad que combina de manera poco ortodoxa arquitecturas institucionales variadas.

¡Qué decir de las interacciones entre los ministerios de Economía, Transportes y Telecomunicaciones y Obras Públicas! Una coordinación que puede convertirse en verdadero ejercicio de prestidigitación.

Y sin embargo, como nos diría Galileo, “se mueve”. Parecen funcionar al menos sus tareas más fundamentales. Entonces, ¿tiene sentido introducir cambios?

Yo creo que sí.

Las “cuestiones orgánicas” tienen importancia. La misma oposición, siempre renuente a incorporar estas variables en su análisis, hoy lo reconoce como necesario. ¿Qué otra cosa si no es el anuncio de eliminar la Secretaría General de Gobierno y crear un nuevo ministerio social? Es un esfuerzo por mejorar el “músculo” destinado a diseñar y ejecutar políticas que se consideran prioritarias.

Lo mismo ocurre en regulación de servicios básicos. ¿Por qué? En primer lugar, porque la variedad de diseños institucionales que conviven genera barreras de entrada para nuevos actores. Si queremos más inversionistas, nacionales y extranjeros, en sectores intensivos en inversiones y con niveles crecientes de competencia –como ocurre en telecomunicaciones–, la simplicidad de las reglas y de la arquitectura institucional que las sostiene es fundamental.

Concuerdo en esto con González. Superintendencias con funciones de regulación y fiscalización, cuyos directivos sean designados como parte del sistema de Alta Dirección Pública, parecen razonables no sólo para servicios sanitarios, como hoy ocurre, sino también para energía y telecomunicaciones.

En segundo lugar, no veo razón para mantener diluidas las responsabilidades de formulación de políticas en tres ministerios copados por múltiples otras tareas. En vez de mantener al ministerio de Economía como recipiente de aquello que no sabemos dónde va, sugeriría concentrarlo en lo que sabe hacer mejor: políticas de regulación de servicios y fomento productivo. Eso significa que las superintendencias de los tres sectores pasen a relacionarse con el gobierno a través de este ministerio. Fin de las dobles dependencias. El mismo ministerio puede además hacerse cargo, esta vez como complemento de sus tareas de política, de los diversos programas de fomento que existen asociados a estos servicios.

En tercer lugar, aún podemos mejorar la relación entre los reguladores sectoriales y los organismos de defensa de la libre competencia. Al menos dos cuestiones atraen de inmediato la atención. Por una parte, la necesidad de articular inteligentemente los objetivos sectoriales de nuestros reguladores, típicamente asociados a asegurar el financiamiento de inversiones eficientes, con la necesidad de evitar normas o prácticas que debiliten o impidan la competencia. Por otra parte, el desafío de evitar que en el ejercicio de sus denominadas funciones no contenciosas, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia dicte instrucciones que por falta de información o conocimiento de los mercados pueden resultar innecesarias, de escaso efecto o de difícil fiscalización.

Finalmente, es tiempo de asumir que nuestros reguladores requieren de mayor flexibilidad para contratar y retener profesionales de primer nivel. La gran calidad de muchos de quienes hoy, con vocación e inteligencia, desempeñan estas tareas no puede inhibirnos de reconocer el desborde cotidiano a que se ven enfrentados, dada la multiplicidad y complejidad de los desafíos que deben abordar.

Es cierto, no es sexy… ¡pero cómo ayudaría!

martes, 19 de mayo de 2009

Columna Revista Capital

Bienvenida, Doña Juana
Artículo correspondiente al Jueves 14 de mayo de 2009

Ya no es la señora Juanita la figura atractiva que reinaba en el imaginario del mundo vertical y paternalista. Hoy nos relacionamos con Doña Juana. Con mayúsculas y sin diminutivos. Quizás con la misma apariencia frágil, pero que no titubea en ejercer sus derechos cuando percibe qué es lo justo y dispone de los medios para hacerlo.

Resulta difícil olvidar la imagen y el tono del presidente Lagos, con ese paternalismo que parecía garantizar que todo iba a estar siempre bien, haciendo referencia a “la señora Juanita”. De un día para otro, el personaje pasó a formar parte de nuestro lenguaje coloquial. Confieso que la misma señora Juanita cobró corporeidad en mi imaginación como una combinación perfecta entre la apariencia bondadosa de mi abuela Jesús y la fragilidad de las abuelitas que en el colegio o en diversas etapas de mi vida conocí en hogares de ancianos y clubes de adultos mayores.

Más allá de la anécdota, no puedo evitar asociar a la señora Juanita con un país vertical en el cual unos, que se encuentran en situación de preeminencia sobre otros, califican las dificultades que estos últimos puedan estar viviendo como inaceptables y toman, eventualmente, la decisión de intervenir para modificar ese estado de cosas.

Es cierto que resulta mejor la vida en una sociedad en la cual los “privilegiados” están dotados de una conciencia ética y una propensión a la justicia que tiende a minimizar las inequi-dades, versus aquella en la cual éstos sólo destilan egoísmo. Pero también lo es que resulta mucho más atractiva, al menos para mí, una sociedad democrática que reconoce la igualdad de quienes la componen y entrega consecuencialmente a cada uno de sus miembros los instrumentos necesarios para ejercer y tutelar los derechos que esa igualdad irroga.

Tímidamente, a la chilena podríamos decir, nuestro país comienza a desplazarse desde el primero hacia el segundo orden. Así las cosas, ya no es la señora Juanita la figura atractiva que reinaba en el imaginario del mundo vertical y paternalista en el que hemos estado acostumbrado a desenvolvernos.

Hoy más bien nos relacionamos con Doña Juana. Con mayúsculas y sin diminutivos. Si así lo desea, conserva la mirada bondadosa y la apariencia frágil, pero no titubea en ejercer sus derechos cuando percibe qué es lo justo y dispone de los medios para hacerlo. No pide permiso, para luego agradecer, si una entre tantas conciencias políticas bien dispuestas ha considerado pertinente ayudarla. Más bien desconfía de sus representantes políticos y comienza a identificar y utilizar los instrumentos que le permitan, sin intermediaciones, ejercer y proteger sus derechos.

Veamos lo ocurrido estos días a propósito del caso La Farfana. El año 2004, alrededor de 500 vecinos de las Villas Jahuel 1 y 2 de Maipú recurrieron a la justicia denunciando que la planta de tratamiento de aguas servidas había emitido durante largo tiempo olores insoportables por defectos en el proceso de tratamiento de lodos. ¿Se imagina usted la vida en esas condiciones? Molestias, dolores de cabeza, vergüenza de vivir en un lugar crecientemente estigmatizado. Fueron los propios vecinos los que decidieron actuar y lo hicieron sin esperar mediaciones políticas, que en su momento fueron insuficientes y lentas.

Hace pocos días, el 18° Juzgado Civil determinó que la empresa propietaria de la planta de tratamiento deberá cancelar 2.500 millones de pesos como indemnización. Es decir, alrededor de 5 millones para los 500 afectados por los olores insoportables emanados desde la planta.

Y en las imágenes de televisión, al comentar el fallo y anunciar su apelación para reivindicar el derecho a mejores compensaciones, ya no estaba la señora Juanita. Allí estaba Doña Juana, sin complejos, ejerciendo el derecho a una dignidad que tantas veces le han dicho debe esperar. Estoy seguro de que en el caso de La Farfana y en el rol que en él ha cumplido Doña Juana encontraremos las claves correctas para proyectar lo mejor de Chile.

Conozco a Doña Juana. Como ministro la vi reclamar indignadamente sus derechos. Pero también tuve el privilegio de descubrir en ella esa rara disposición a mirar la realidad de frente, a intentar comprender la naturaleza real de los problemas más allá de las respuestas simplistas y a soportar la adversidad cuando se entiende la complejidad de una tarea.

En pocos meses más elegiremos un nuevo presidente y renovaremos la mayor parte del Congreso Nacional. Día tras día me parece escuchar mensajes dirigidos a la señora Juanita. Cuidado. No es que ella no escuche. Es que quizás ya no está aquí.

Adiós, señora Juanita. Bienvenida, Doña Juana.

martes, 7 de abril de 2009

Acuerdo FASA-Fiscalía bajo la lupa de ex integrantes de la Comisión Resolutiva

Diario Financiero
Lunes 6 de abril de 2009
Por María Fernanda Gana A.
http://www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20090406/cont_109364.html 

Las visiones encontradas entre El abogado Sergio Espejo y el economista Francisco Labbé

Opiniones encontradas surgieron entre los ex integrantes de la desaparecida Comisión Resolutiva Antimonopolios  respecto del acuerdo que la Fiscalía nacional Económica (FNE) alcanzó con FASA en el marco de la investigación por supuesta colusión de precios entre las principales cadenas farmacéuticas del país.

El abogado Sergio Espejo, quien entre 2000 y 2002 presidió la Comisión Preventiva y luego integró la Resolutiva, hasta su desaparición en 2004, cuando dio paso al Tribunal de Defensa de la Libre Competenecia (TDLC), considera que la conciliación ayudó a despejar el caso y de paso permitió acelerar el trámite del proyecto que eleva las facultades de la FNE.

“La Fiscalía cuenta hoy con un fuerte elemento de prueba con el que no contaba antes y, por otro lado, sin perjuicio de lo que ocurra en este caso, el avance en el Congreso de las normas que fortalecen el actuar de la FNE será un instrumento muy importante para evitar que estas prácticas se repitan”, explicó.

Agregó que si este caso se hubiera dado en tiempos de la Comisión Resolutiva, probablemente todo el proceso habría sido distinto.

“Es muy difícil que en la Comisión Resolutiva las cosas hubieran sucedido como ahora, porque se trataba de una institucionalidad precaria, basada en una participación ad honorem de las personas,  haciendo el trabajo con parte de un tiempo que finalmente no destinanábamos a nuestras funciones principales”, apuntó.



¿Colusión o “efecto manada”

“El hecho de que FASA se haya declarado culpable, no asegura que lo sea, pues si tengo que elegir entre pagar una multa de US$ 15 millones  o ahorrarme buena parte de esa cantidad, pareciera mejor declararse culpable”.

Esa es la visión del economista Francisco Labbé, que participó en la Comisión hasta 2004, quien estima que tanto como colusión, la conducta que investiga la FNE también podría corresponder a lo que se denomina “efecto manada”, donde basta que un actor suba los precios para que el resto lo siga. “Es cosa de ver el mercado de las AFP donde lo que hace Provida, que es la primera del mercado, es seguido por los demás”, aclaró.

A su juicio, el hecho de que haya igualdad de precios, no significa que necesariamente exista colusión.

Labbé agregó que el requerimiento de la Fiscalía se convirtió en un “incentivo” para que FASA o cualquiera de las otras dos cadenas llegara a una conciliación, aunque efectivamente pudieran no estar coludidas.

En este punto, señaló que en primer término “jamás se debió permitir la fusión de Salco y Brand” (2001) y que las tres controlaran el mercado, lo que -dijo- hace que el TDLC y la FNE sean las culpables de la situación actual.

jueves, 26 de marzo de 2009

Espejo: “Debe aprobarse la ley de delación compensada”


Diario La Nación
Jueves 26 de marzo de 2009
Por Álvaro Medina / La Nación


El ex ministro de Transportes y ex integrante de la Comisión Resolutiva Antimonopolios, Sergio Espejo, actualmente se desempeña como profesor de Industrias Reguladas en las escuelas de Economía de la Universidad de Chile y de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Desde esa posición, es drástico al afirmar que la colusión es un atentado gravísimo a la librecompetencia y que la solución a este problema está en un proyecto de ley que se discute en el Congreso.

¿Por qué es posible que ocurra este tipo de concertación de precios en Chile?
En las economías de mercado, en todas ellas, es posible apreciar esfuerzos de algunos agentes económicos por concertarse para manipular en su beneficio el sistema de precios. Por eso es crucial la institucionalidad de defensa de la libre competencia, particularmente en casos como el de la colusión, que debe ser, probablemente, no sólo la conducta más grave en contra de la libre competencia, sino también la más difícil de probar.

¿Es sostenible la versión de FASA en orden a que los responsables de esta colusión fueron "algunos" ejecutivos y no la compañía?

A mí me parece que eso es enteramente irrelevante. El requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica se dirigió contra compañías, contra personas jurídicas. Son ellas quienes han aportado antecedentes, negado su participación y son, por tanto, ellas las que deben responder en esta fase jurídicamente frente a este ilícito.

¿Qué debe ocurrir en Chile para evitar que esta situación se repita?

Me parece que esta conciliación, este acuerdo, es una advertencia muy importante a quienes se oponen la aprobación en el Congreso, de la norma que permite la delación compensada, por atentados contra la librecompetencia. La delación compensada es el instrumento que en Estados Unidos, en la Unión Europea, en el caso de nuestra región, en México, en Brasil, en la República del Salvador, sirve para un desincentivo eficaz de las prácticas colusorias. No podemos esperar la buena voluntad de una compañía o que siga pasando tiempo para contar con los instrumentos más eficaces para prevenir este tipo de hecho.

viernes, 23 de enero de 2009

Columna Revista Capital

La crisis y el medio ambiente
Artículo correspondiente al Jueves 22 de enero, 2009

Es evidente que la inevitable tensión entre actividad productiva y medio ambiente se verá acrecentada en esta etapa.

Nos hemos acostumbrado a escuchar que la protección del medio ambiente y las exigencias asociadas a la competitividad y al desarrollo económico son incompatibles. Cuando afirmar aquello resulta políticamente incorrecto, se recurre entonces a la idea de que las cuestiones ambientales son parte de un catálogo de valores propio de países más desarrollados que el nuestro. Chile tendría que preocuparse prioritariamente de crecer. Luego vendría el tiempo de preocuparse del medioambiente. No es necesario ser adivino para prever que los argumentos en esa dirección se verán fortalecidos en lo que queda de una crisis económica que aún tiene largo camino por recorrer.

Me parece un error.

La protección del medio ambiente ya no es una opción. Es una condición esencial para asegurar estándares de calidad de vida básicos para nuestra población, permitir a nuestra economía insertarse exitosamente en el mundo y reconectar a los chilenos con su democracia.

Pero tampoco podemos ser ciegos. Es evidente que la inevitable tensión entre actividad productiva y medio ambiente se verá acrecentada en esta etapa. Por eso debemos anticiparnos a construir acuerdos técnicos y políticos en aquellas materias en que esta tensión pueda ser atenuada y canalizada positivamente.

Por ahora, planteo sólo tres cuestiones en esta dirección.

El primer desafío es superar el provincianismo que nos hace creer que nuestras decisiones y conductas como país sólo nos competen a los chilenos. Eso no sólo es infantil sino, además, irresponsable. Cuando los delegados a la Conferencia ONU sobre Cambio Climático se reúnan a fines de año en Copenhagen, definirán regulaciones que afectarán nuestra oferta de productos y servicios. No nos engañemos. Aun cuando esa conferencia termine en punto muerto, es sólo cuestión de tiempo para que nuevas y más estrictas exigencias en materia de emisiones de carbono entren en vigor. Y cuando ello ocurra, ¿alguien podría sostener seriamente que los países más desarrollados que constituyen mercados de destino para nuestros productos, aquellos que diseñarán y se someterán a estas mayores exigencias, no las harán también efectivas respecto de Chile? Esto, obviamente, sin mencionar el próximo ingreso de nuestro país a la OECD.

Conocer y adaptarse a este “entorno regulatorio global” será una exigencia central de los próximos años.

En segundo lugar, es indispensable abordar cuanto antes la debilidad normativa del sector. Contrariamente a lo que pudiéramos creer, lo que se ha multiplicado en el país no es la regulación ambiental propiamente tal, sino que las decisiones administrativas sectoriales con impacto ambiental. Es lo que un abogado experto en materias administrativas definía como una regulación “episódica”.

En buen chileno, eso significa que lejos de construir un piso de regulación consistente y técnicamente sustentable, lo que tenemos es una gran variedad de instituciones públicas que siguen dictando normas con impacto ambiental sin ninguna exigencia de coherencia o coordinación. El resultado es lamentable desde el punto de vista de la protección del medio ambiente y también lo es desde el punto de vista de la actividad económica. El proyecto de ley que reforma la institucionalidad ambiental busca enfrentar parcialmente esta cuestión, pero es insuficiente. Finalmente, el debate ambiental no podrá eludir las exigencias crecientes por participación ciudadana. Cuando uno de cada cuatro proyectos aprobados o en tramitación en el Sistema de Calificación Ambiental presenta algún conflicto con la comunidad, la señal es demasiado potente. La principal advertencia aquí es que eludir este tema, apostando a resolverlo caso a caso, sólo puede resultar más caro para quienes quieran emprender e inútil para proteger el medio ambiente.

Aún más: eludir el debate en torno a la participación ambiental es un camino seguro a aumentar el distanciamiento de las personas con su democracia y con el valor de lo público y la política. Es obvio. Las personas exigen cada vez más del sistema político, y mientras esperan trabajo y condiciones laborales adecuadas, también demandan que sus familias crezcan y se desarrollen en un ambiente sano.

A menos de un año de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, los chilenos debemos comenzar a debatir sobre estas cuestiones. Ellas no serán sólo importantes durante la crisis. Se trata, probablemente, del que será uno de los debates centrales durante las primeras décadas de este siglo: cómo potenciar nuestra capacidad productiva protegiendo la calidad de vida de las personas y el entorno en que vivimos.

domingo, 23 de noviembre de 2008

Sergio Espejo a fondo: su salida de Transportes, la crisis de la DC y su nuevo rol en la política



Diario Financiero, Reportajes, Viernes 21 de Noviembre de 2008

Andrés Kattan Abusleme


"Aquí está mi tarjeta Bip, la misma que he ocupado siempre. Yo soy usuario del Transantiago desde el día uno y el troncal que ocupo nunca me ha provocado problemas”. Pese a que no quiere hablar mucho del convulsionado plan de transportes, el ex ministro, Sergio Espejo Yaksic se muestra relajado. Cuenta que su vida es mucho más tranquila ahora y que ya dejó atrás, lo que él define como uno de sus grandes dolores, el Transantiago.

Confiesa que ahora puede darse algunos lujos que antes ni soñaba, como almorzar en su casa con su hija más chica, que puede ir al gimnasio, y sobre todo compartir más con su familia. “Lo más fuerte ha sido en el plano familiar, porque hay un costo para la familia en este tipo de actividades”,dice.

Hace un par de meses abrió su estudio Espejo & González abogados y cuenta que se le va el día en dos temas que hoy le apasionan, los temas medioambientales y regulatorios. Experiencia le sobra. Fue superintendente de Electricidad y Combustibles, y presidente de la Comisión Nacional Antimonopolios.

También es director de Recycla, empresa dedicada al reciclaje electrónico en Latinoamérica, además de asesorar a la fundación que construye viviendas sociales, Invica.

En lo académico, es profesor del ramo industrias reguladas en la Universidad de Chile y del magíster en derecho de los negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Tras un poco más de un año fuera de la primera línea política, Sergio Espejo decidió romper su silencio y dar a conocer su opinión sobre la crisis de la Democracia Cristiana (DC) -que entre la elección de 1992 y las últimas municipales ha perdido cerca de 1 millón de votos-, la situación de la Concertación y el Transantiago.

-¿Se ha arrepentido de haber entrado al servicio público?

-Jamás, ni una sola vez, nunca, nunca. Tengo una vocación política fuerte y no conozco un instrumento distinto a la política para construir una sociedad de iguales. A los guerreros las batallas los buscan y no he sentido arrepentimientos.

-Años atrás trató de ser diputado, luego fue ministro, ¿qué viene ahora?

-Me siento muy conectado con las tareas centrales de la política, que son construir un proyecto de futuro, promover lo colectivo y asegurar la participación de las personas en las decisiones públicas.

-¿Ha pensado en optar a algún cargo de elección popular?

-Yo no descarto nada, pero no es mi proyecto prioritario hoy. Quiero ayudar a este proyecto de renovación en el lugar en el que mejor cumpla mi aporte. Me siento muy cómodo en mi actividad profesional.

-Usted es parte de una generación DC a la cual se le exige mayor compromiso partidario

-No estoy de acuerdo con eso. Siempre he sentido desconfianza por las categorías generacionales. Hay muchos viejos de 30 años y hay gente mayor que yo muy potente. Tengo 41 años así que joven no soy.

-Pero está claro que se pide renovación de caras e ideas

-Tenemos que estar preparados para competir por la conducción de la DC en todos los espacios políticos que se renueven a partir de ahora.

-Entrando a la crisis DC, tras la salida de Soledad Alvear ¿es la hora de los príncipes?

-Como no conozco príncipes, no podría decirlo. Estamos pecando de fetichistas, porque eso significa tratar de afirmarse de atributos que uno no tiene. La edad no nos da ningún derecho, lo títulos nobiliarios en Chile no existen.

-¿Pero qué rol quiere jugar en la DC?

-He estado permanentemente en la frontera de las exigencias políticas y no tengo duda de que llegará el momento de asumir nuevas responsabilidades. Pero formo parte de una generación reconocida tanto por su brillantez y vocación de servicio público, como por su escaso sentido de equipo.

-¿Qué le parece el rol de Jorge Burgos a la cabeza de la DC?

-Jorge es una muy buena carta para presidir el partido y es mi candidato. Pero la renovación de la DC no se va a producir en estos días, ni tampoco en la próxima junta nacional.

-¿Renovación que se debe dar tras la gestión de Soledad Alvear?

-Ella ha sido una de las mejores dirigentes que ha tenido la DC en su historia, nada más.

-Pero dejó el partido tras resultados electorales adversos y una crisis evidente

-Las dificultades de la DC no tienen que ver con una persona.



Su candidato: Frei

-¿Cómo ve a la Concertación y el rol de la DC en ella?

-Pasando por una de las coyunturas más difíciles que ha vivido desde su fundación. Estamos en una crisis de confianza muy importante sobre la capacidad realizadora del conglomerado y sobre qué ofrecer en un futuro al país.

-¿Por qué, a su juicio, no le ha sido tan fácil gobernar a Bachelet?

-Las cosas hay que mirarlas con perspectiva. En medio de una crisis económica de gran magnitud, la aprobación de la Presidenta ha aumentado, la valoración del ministro de Hacienda y del presidente del Banco Central, también.

-¿Cuánto ha pesado la insubordinación partidaria en la Concertación?

-Hay que acostumbrarse a que la política no es una actividad de regimientos. Incluso una de las discusiones hipotéticas que podría ser interesante, es la posibilidad de reformar la Constitución y que ésta no se dé sólo en las elites.

-¿Cómo ve el escenario presidencial?

-Me siento muy cómodo con la candidatura de Eduardo Frei. El mostró su disponibilidad cuando nadie le creía. Finalmente lo determinante va a ser si el elegido representa el candidato de futuro en materia de propuestas. Mi candidato es Eduardo Frei.

-Y en el caso de primarias entre Lagos e Insulza ¿a quién prefiere?

-Cualquiera de ellos, mi candidato es Frei, pero me siento cómodo con cualquier persona de la Concertación.

-¿Cree en las segundas partes?

-Creo que sí. Hay un dicho de que las segundas partes nunca fueron buenas, lo dijo Scott Fitzgerald, quien murió muy joven y no tuvo posibilidad de tener una segunda parte.

-¿Qué opinión tiene de Sebastián Piñera?

-Tengo la convicción de que la política es un proyecto colectivo, de seres libres, que se reconocen como iguales. Sebastián Piñera está lejos de representar esos valores, no cuenta con mi simpatía política, además me siento muy lejano a él.

“No me gusta HidroAysén”

El tema que le quita el sueño actualmente a Sergio Espejo es el medio ambiente. Desde su estudio de abogados asesora a distintas empresas en esta materia y, por lo mismo, mira con preocupación lo que sucede en Chile en cuanto al desarrollo de energético del país.
Cuenta que en Chile se ha polemizado demasiado en torno a HidroAysén y que el problema de base, no es el polémico proyecto, si no como asegurar que Chile alcance la independencia energética de otra forma. "No me gusta HidroAysén, no estoy participando ni a favor ni en contra, pero no me gusta".
Para Espejo el tema también repercutirá en el ámbito internacional. "Nuestra inserción internacional está asociada a nuestros estatutos de cumplimiento medioambiental. Queremos entrar a la OCDE en dos años más y el 20% de las regulaciones son ambientales y estamos en todo eso atrasados".

Transantiago: “En su momento fue un dolor importante”

Para Sergio Espejo, Transantiago es una palabra que aún le hace ruido. Confiesa que una de sus grandes frustraciones ha sido no haber podido sacar adelante el sistema de transportes capitalino, aunque prefiere no tratar en profundidad este tema.

-Usted salió hace más de un año y medio del gobierno, ¿qué análisis hace de su gestión?

-Es un privilegio haber formado parte del proceso de toma de decisiones de un gobierno, de la manera en que yo pude hacerlo. Ahora, para ser franco en términos personales sentí una carga dolorosa. Para mí Transantiago era un proyecto que buscaba mejorar la calidad de vida de las personas, aumentar la dignidad de los habitantes de Santiago, pero no lo logramos. En su momento fue un dolor importante.

-Usted vivió una paradoja. Salió del ministerio por los problemas del Transantiago, pero con un 60 % de aprobación ciudadana. ¿Cómo se explica esto?

- Es lo que me transmite la gente hasta hoy. Reconocieron en mí el haber dado la cara y las ganas de tratar de sacar un proyecto que entendimos era muy importante. Además, las personas saben que en ese proceso fui uno con ellos, que recorrí todas las dificultades junto a ellos. Siempre traté a todos como adultos, es decir, que no era sólo un ejercicio de dar la cara, sino de explicar paso a paso las dificultades, por qué lo hacíamos y cómo esperábamos superarlo.

-¿Nunca le recriminaron algo en la calle?

-He sido usuario del sistema de transporte público desde un comienzo. Lo que he recibido siempre son puras muestras de cariño y solidaridad de las personas. En unos de los períodos más álgidos de la crisis del Transantiago, fui con mi hijo al recital de Roger Waters en el Estadio Nacional. Mi hijo estaba muy preocupado de que pasara algo. Lo que tuvimos fue una experiencia humana fantástica, con toda la gente que estaba ahí, recibimos mucho cariño. Nunca he tenido ningún problema.

-¿Qué habría que hacer para arreglar el Transantiago?

-Yo de Transantiago hasta allí quisiera hablar, ya todo está dicho.

-¿Pero qué le parece la gestión de René Cortázar?

-Tengo la mejor opinión de René. Lo conozco desde hace muchísimos años y ambos trabajamos con Alejandro Foxley. Sólo le deseo el mayor de los éxitos, no sólo por René, sino porque esto busca darle calidad de vida a las personas y eso es lo importante.

viernes, 17 de octubre de 2008

Columna Revista Capital

Regulación ambiental, ¿única solución?
Artículo correspondiente al Jueves 16 de Octubre, 2008

Estamos más cerca del control regulatorio que del desarrollo de acuerdos ambientales entre los sectores público y privado.¿Eso es lo que queremos? Por Sergio Espejo

1.-El medioambiente llegó para quedarse.La prensa informa del rechazo de los estudios de impacto ambiental presentados por Hidroaysén. En el Congreso se inicia la discusión sobre una amplia reforma a la llamada institucionalidad ambiental. Es decir, cómo y cuánto regular para hacer compatibles la actividad productiva y la protección del medio ambiente. A miles de kilómetros, en medio de una de las crisis financieras más importantes de las que tengamos registro, Barack Obama y John McCain dedican parte importante de su último debate a confrontar posiciones en materia medioambiental. En resumen, las “cuestiones medioambientales” llegaron para quedarse.2.-Un buen comienzo.Nuestra regulación medioambiental y la institucionalidad asociada han sido objeto de múltiples críticas. Algunos sostienen que los estándares son insuficientes. Otros reclaman contra las evidentes dificultades de coordinación entre una variopinta colección de instituciones públicas con competencias ambientales superpuestas. En este caso, la crítica apunta tanto al exceso de controles como a su debilidad. Curiosidades de la vida: todo depende del lugar desde el cual se observen las cosas.No obstante, una mirada desapasionada muestra avances significativos. Sujeto a revisión por la OCDE en 2005, nuestro país figura por haber “fortalecido sus instituciones ambientales” e “intensificando sus iniciativas ambientales relativas al aire, el agua, los residuos y la gestión de la diversidad biológica”. La misma OCDE, que no podría ser definida como un club de la autocomplacencia, señala que estos avances se han producido con “instrumentos innovadores” y “reformas exitosas”.3.-La reforma ambiental.Sin embargo, la brecha con los estándares aplicables a los países de la OCDE, a la que tanto empeño ponemos en ingresar, es considerable. Y ello es muy importante, porque una economía que descansa crecientemente en los bienes transables, y que quiere competir con éxito, debe dar cumplimiento a las exigencias ambientales establecidas en los tratados de libre comercio y en los medioambientales multilaterales. ¿Sabía usted, por ejemplo, que alrededor del 20% de los compromisos de Chile suscritos en su Memorando de Acceso a la OCDE están vinculados, precisamente, a materias ambientales?Para avanzar en este campo, el gobierno ha presentado a tramitación parlamentaria un proyecto de ley que crea el ministerio, el servicio de Evaluación Ambiental y la superintendencia de Medio Ambiente. La discusión será ardua y el trámite no se prevé fácil, pero resulta evidente que debemos prepararnos para un entorno de negocios sometido a estándares más elevados.Para asegurar su éxito, durante la discusión legislativa debemos lograr que la nueva normativa garantice reglas que nivelen el piso de las obligaciones ambientales, instrumentos perfeccionados de fomento para facilitar la puesta al día de las empresas con estas obligaciones y una señal de calidad para los mercados internacionales.4.-Existen otros caminos.La pregunta es si la única opción para competir con éxito en mercados internacionales ambientalmente exigentes es el camino normativo e institucional propuesto por el gobierno. La respuesta es negativa. Existen instrumentos a un costo inferior a la tradicional regulación de comando y control y con estándares eventualmente superiores a los establecidos en la legislación.Por ejemplo, ¿sabía usted que los restaurantes de Concón suscribieron un acuerdo de producción limpia que –en una acción conjunta con la autoridad pública– les está permitiendo disminuir sus costos de operación a la vez que mejorar la higiene y disminuir el impacto ambiental de su actividad? ¿O que 27 empresas, que representan alrededor del 95% de nuestras exportaciones de ostión, firmaron un acuerdo similar para aumentar su eficiencia productiva por la vía de reducir residuos y reciclar?Así como ellos, muchas otras empresas comienzan a asociarse en acuerdos voluntarios con la autoridad pública para reducir costos asociados a la producción de residuos contaminantes y obtener sellos de calidad ambiental, mediante la optimización de sus ciclos productivos. Es lo que se conoce como producción limpia.5.-Aún en pañales.Y sin embargo seguimos en pañales en este campo. Estamos más cerca del comando y control regulatorio que del desarrollo de acuerdos de cooperación público-privada como los descritos. La paradoja consiste en que mientras menos compromiso exista del sector privado para jugar en la cancha de la producción ambientalmente limpia, más exigencia de regulación y control público enfrentaremos. ¿Eso es lo que queremos?

jueves, 31 de julio de 2008

Columna Revista Capital



Y ahora, ¿quién podrá defendernos?
Artículo correspondiente al número 233 (25 de julio al 7 de agosto de 2008).



Leo en la prensa opiniones del Colegio de Abogados sobre el sistema de defensoría penal gratuita. El documento es parte de un destacable esfuerzo de esta organización gremial por participar activamente en discusiones de interés colectivo.

En lo fundamental, el Colegio argumenta que la modalidad de operación de la Defensoría Pública atenta contra la idoneidad de la defensa a que tienen derecho aquellos que no poseen los recursos económicos para procurársela por sí mismos.
La inquietud es valiosa. El análisis, débil.
Se señala que “en la medida que la defensa esté a cargo de una organización público administrativa, naturalmente ocurrirá que prevalecerán los intereses de esa organización” por sobre los intereses del defendido. El abogado defensor, funcionario de un servicio público jerarquizado, tendría incentivos a responder a las directrices de sus superiores antes que regirse por los principios éticos y criterios profesionales que debieran inspirar su actuación.
Poco esfuerzo realizan los autores de este texto por fundamentar su razonamiento. El resultado es decepcionante. Llevado al extremo, deberíamos asumir que todo abogado que se desempeñe profesionalmente al interior de una empresa privada estará dispuesto a renunciar a los principios éticos de la profesión en función del interés de la organización a la que pertenece. No puedo compartir esta apreciación.
Y ahora, ¿quién nos defiende?
El Colegio luego sostiene que, mientras la función de persecución criminal es una función pública, los defensores sólo realizan una “función privada de asesoría y representación, que debe ser razonablemente financiada pero no ejecutada por el Estado”. Al hacerlo, confunde gravemente la naturaleza de la función de defensa con los medios más idóneos para llevarla a cabo.
No sólo nuestra Constitución, sino también los instrumentos internacionales que forman parte de ella, establecen para toda persona el derecho fundamental a contar con defensa en un juicio penal. Que la defensa sea provista por un organismo de la administración o por abogados privados no afecta a la naturaleza pública de la misma. Sólo el Estado se encuentra en condiciones de garantizar efectivamente la existencia de la prestación. El planteamiento del Colegio es equivalente a sostener que, dado que en Chile contamos con cárceles concesionadas, la potestad de encarcelar a una persona es una función privada que el Estado sólo está llamado a financiar en términos razonables.
Por otro lado, nada dice el texto respecto de la asimetría que existe entre un Ministerio Público autónomo y una Defensoría dependiente administrativamente del ministerio de Justicia. Mientras el primero responde a una visión de Estado en materia criminal, el segundo se subordina a las políticas del gobierno. Más que la relación de subordinación jerárquica existente al interior de la defensoría penal, debiera inquietarnos la relación de dependencia entre la Defensoría y el ministerio con el cual se relaciona. ¿Qué incentivos, por ejemplo, tiene un defensor para cuestionar el hacinamiento carcelario cuando ésta es una cuestión de competencia, al menos parcial, de las autoridades ministeriales de las cuales depende? Una Defensoría Penal autónoma parece más concordante con un análisis institucional de incentivos que aquel que insinúa el documento del Colegio de Abogados.
Todos podemos tener miedo, pero...
La percepción de inseguridad que nos rodea hace que sintamos temor a ser víctimas de un delito. Sin embargo, reconozco que me inquieta la predilección evidente que mostramos como sociedad por la persecución de delitos, en tanto estamos dispuestos a otorgar un valor muy menor a la protección de los derechos de las personas.
No será políticamente correcto, pero confieso que me hubiera gustado que el mismo énfasis utilizado por el Colegio de Abogados para promover los derechos y garantías de los acusados en causas de atentados a la libre competencia, hubiera sido utilizado al analizar el futuro de la Defensoría Penal y el respeto efectivo del derecho a la defensa.
Al fin y al cabo, si los abogados no están comprometidos con las garantías personales, entonces, ¿quién podrá defendernos?