7 de Marzo de 2008
Se multiplican los análisis indicando que el inicio del ciclo electoral, con renovación de casi la totalidad de los cargos de elección popular en un plazo de dos años, impedirá avanzar en políticas y reformas que incrementen el bienestar de las personas y expandan las libertades. El ciclo que se inicia sería, desde esta óptica, tiempo perdido.
Es un error resignarse a esta “fatalidad”. Hay mucha tarea por hacer.
En mi opinión, un ciclo electoral puede ser también una oportunidad para evaluar liderazgos, para forzar a los contendores a explicitar sus visiones, sus ideas sobre el futuro y sobre los mejores caminos para alcanzar el desarrollo, para acelerar la adopción de acuerdos que los ciudadanos consideramos importantes.
Capitalizar esta oportunidad será complejo, pero no es en modo alguno imposible.
La primera condición es que el gobierno no caiga en el juego de zancadillas en que quiere embarcarlo la oposición. La acusación constitucional contra la ministra de educación, por ejemplo, no debiera impedir implementar los acuerdos alcanzados en torno a la reforma educacional. La acción del nuevo gabinete parece bien encaminada en esa dirección.
La segunda condición es debatir en serio sobre el futuro. Ahí tenemos más dificultades. Ya no se trata de hablar de inclusión social o de crecimiento en abstracto, sino de señalar – por ejemplo - cómo multiplicamos las experiencias escolares exitosas que sostenedores públicos y privados desarrollan a lo largo de Chile; cómo canalizamos inversión hacia infraestructura que integre nuestras ciudades de manera más armónica y mejore la calidad de vida de sus habitantes; cómo transferimos mayor poder de decisión y ejecución efectiva a los municipios y las regiones.
Si somos capaces de cumplir estas dos condiciones, aún con la rudeza propia de un período electoral, entonces tenemos razones para ser optimistas sobre el futuro.
Es un error resignarse a esta “fatalidad”. Hay mucha tarea por hacer.
En mi opinión, un ciclo electoral puede ser también una oportunidad para evaluar liderazgos, para forzar a los contendores a explicitar sus visiones, sus ideas sobre el futuro y sobre los mejores caminos para alcanzar el desarrollo, para acelerar la adopción de acuerdos que los ciudadanos consideramos importantes.
Capitalizar esta oportunidad será complejo, pero no es en modo alguno imposible.
La primera condición es que el gobierno no caiga en el juego de zancadillas en que quiere embarcarlo la oposición. La acusación constitucional contra la ministra de educación, por ejemplo, no debiera impedir implementar los acuerdos alcanzados en torno a la reforma educacional. La acción del nuevo gabinete parece bien encaminada en esa dirección.
La segunda condición es debatir en serio sobre el futuro. Ahí tenemos más dificultades. Ya no se trata de hablar de inclusión social o de crecimiento en abstracto, sino de señalar – por ejemplo - cómo multiplicamos las experiencias escolares exitosas que sostenedores públicos y privados desarrollan a lo largo de Chile; cómo canalizamos inversión hacia infraestructura que integre nuestras ciudades de manera más armónica y mejore la calidad de vida de sus habitantes; cómo transferimos mayor poder de decisión y ejecución efectiva a los municipios y las regiones.
Si somos capaces de cumplir estas dos condiciones, aún con la rudeza propia de un período electoral, entonces tenemos razones para ser optimistas sobre el futuro.
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