Blog Apuntes de Orlando Jorge Mera

Elecciones de Chile vistas por Sergio Espejo

Artículo correspondiente al Sábado 12 de Diciembre de 2009

http://blog.orlandojorgemera.com.do/2009/12/elecciones-de-chile-vistas-por-sergio.html

La elección de este domingo se vive en un ambiente marcado tanto por la incertidumbre sobre sus resultados como por la falta de dramatismo con que - al menos aparentemente - la mayoría de los chilenos parece acercarse a ella. Se trata de la primera elección que enfrentamos tras la muerte de Pinochet, la primera en que la coalición de gobierno vive deserciones que se convierten en candidaturas alternativas y la primera en que las encuestas resultan favorables al representante de la derecha opositora.

En ese contexto, la segunda vuelta electoral que se realizará durante la primera quincena de enero sí será una prueba de nervios. Dado que nadie duda que el candidato de derecha será uno de los dos competidores en esa ocasión, el representante de la centro izquierda - que en mi opinión será el ex Presidente Frei - deberá ser capaz de un ejercicio extraordinariamente difícil: demostrar a quienes consideran que la coalición gobernante ha cumplido su ciclo y se ha agotado, que existe espacio para liderar un proyecto que no sólo impida el acceso de la derecha al gobierno, sino además reconecte a Chile con la ruta de la modernización económica y la equidad social. Yo creo que eso es posible.

Columna Revista Capital

Cuadrar el círculo

Artículo correspondiente al jueves 10 de diciembre de 2009

http://www.capital.cl/saca-la-voz/cuadrar-el-c-rculo-2.html

En un mundo globalizado, cuando nuestras empresas fallan, es Chile el que falla. La ley de nueva institucionalidad ambiental da pasos positivos en esta dirección. Será necesario difundirla mucho más.

Son gran ojo periodístico, Capital ha sido persistente en presentar durante 2009 distintas facetas de la discusión ambiental nacional e internacional. Se trata de una cuestión clave para nuestro desarrollo, cruza fronteras geográficas y políticas y a su respecto existe además controversia científica. Por mi parte, en columnas anteriores he procurado mostrar de qué manera el elevar nuestros estándares ambientales es condición indispensable no sólo para mejorar la calidad de vida de los chilenos, sino también para competir con éxito en los mercados internacionales.

Sin embargo, es necesario reconocer que avanzamos intentando cuadrar el círculo.

Por un lado, ¿cuáles son los estándares ambientales que deberemos cumplir para poder competir? En medio de serias dificultades para alcanzar un acuerdo internacional post Kyoto que controle las emisiones de gases de efecto invernadero, las exigencias resultan una combinación compleja de regulaciones domésticas, modelos comerciales y acuerdos internacionales.

No es fácil moverse en este escenario. Hace pocos días, exportadores de choritos en Chiloé (el mundo real de nuestra small open economy) me describían los malabares que tienen que hacer para mantenerse al día con las exigencias de sus mercados de destino, la mayor parte en Europa. Lo más impresionante es que su preocupación no era ni siquiera poder cumplir con esas exigencias, sino lograr conocer con claridad y anticipación cuáles eran éstas.

Por otro lado, nuestra regulación ambiental –en aquello en que la tenemos– está compuesta por una gran variedad de normas sectoriales, fiscalizadas por diversas instituciones públicas que habitualmente actúan aplicando criterios mutuamente divergentes.

Para resolver esta situación y siguiendo las mejores prácticas internacionales, hemos aprobado hace pocos días el proyecto de ley que crea el ministerio del Medio Ambiente, la Superin-tendencia y el Servicio de Evaluación Ambiental. Les seguirá en un plazo razonable el Tribunal del Medio Ambiente.

Soy un firme partidario de esta reforma. Pero, ¿se imagina usted la magnitud del ejercicio de adaptación que nuestra economía deberá vivir en un contexto de incorporación progresiva –necesaria, por cierto– de normas de emisión y calidad, así como de incremento en la fiscalización ambiental?

Frente a estos desafíos, me parece importante que no escondamos la cabeza bajo la tierra, al modo del avestruz, ni intentemos cuadrar el círculo minimizando la complejidad de la tarea.

En primer lugar, intuyo que estamos dejando que los costos de la adaptación productiva sean problema de todos y, por lo tanto, de nadie. Esto no tiene lógica. Si creemos que esta adaptación es no sólo necesaria sino además costosa, así como sabemos que ella impactará en la línea de flotación de empresas y empleos, ¿no deberíamos conversar sobre la forma en que la financiamos y los plazos necesarios para ello?
En segundo lugar, ¿realmente creemos que esta adaptación productiva es posible sin avanzar más en la modernización del principal encargado de diseñar y ejecutar dichos estándares, el Estado? La nueva institucionalidad ambiental no será respuesta suficiente. ¿O se imagina usted el relanzamiento de la actividad acuícola nacional con la misma precaria institucionalidad pública que, en combinación con la falta de prolijidad de algunos privados, hizo posible la crisis de la salmonicultura?

Por último, ¿seguiremos creyendo que es posible una estrategia de desarrollo ambientalmente sustentable sin revisar los enfoques tradicionales de la acción pública? Mi impresión es que el objetivo político debe ser facilitar y estimular la adaptación productiva y el cumplimiento normativo. Es decir, nivelar hacia arriba, adoptar un enfoque de acción y fiscalización preventivo antes que punitivo. Es obvio que parte importante de nuestras empresas está fuera de estándar. Muchas de ellas, por falta de conocimiento o de financiamiento. Entonces, ¿acaso no constituye un objetivo de país empujarlas en la dirección correcta en vez de tranquilizar nuestra conciencia amparándonos en la consigna de que el Estado sólo debe preocuparse de fiscalizar y los privados de cumplir la normativa? En un mundo globalizado, cuando nuestras empresas fallan, es Chile el que falla. La ley de nueva institucionalidad ambiental da pasos positivos en esta dirección. Será necesario difundirla mucho más.

Chile ha enfrentado pruebas más difíciles. Estoy seguro de que superará esta con éxito. Pero primero tenemos que renunciar a intentar cuadrar el círculo.

Columna Revista Capital

Houston, tenemos un problema

Artículo correspondiente al jueves 15 de septiembre de 2009

http://www.capital.cl/saca-la-voz/houston-tenemos-un-problema-2.html

A meses de la cumbre de Copenhague, las potencias anuncian nuevas exigencias ambientales para la comercialización de productos. ¡Esos son nuestros mercados! ¡Esos son los estándares que nuestros productos deberán cumplir!

Los seres humanos amamos los símbolos. Se trata, entre otras cosas, de un mecanismo que nos permite resumir o sintetizar de manera simple, en imágenes o conceptos, ideas, aspiraciones o procesos más complejos.

Para el movimiento ambientalista y para todos aquellos con interés en las cuestiones medioambientales, uno de esos símbolos clave ha sido hasta ahora –casi como un mantra– la palabra “Kyoto”. Pero ya no más. Meses antes de que la próxima conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático tenga lugar en la ciudad danesa que lleva ese nombre, “Copenhague” es el nuevo símbolo ambiental mundial. Entre el 7 y el 18 de diciembre próximo, jefes de Estado, ministros, expertos y representantes de la sociedad civil de 192 países se reunirán para concordar los objetivos y acciones necesarias para combatir el calentamiento global.

La candidez insular que nos caracteriza lleva a muchos a preguntarse qué tiene que ver esto con nosotros. ¿No se realizan permanentemente decenas de conferencias internacionales cuyos efectos prácticos son casi inexistentes? Y aún si la conferencia fuera exitosa, ¿acaso no es cierto que países como el nuestro, cuya capacidad de producir emisiones de gases de efecto invernadero es todavía limitada, se encuentran liberados de la obligación de comprometerse con metas de reducción de emisiones? Incluso más: si uno de los principales productores de gases de efecto invernadero, Estados Unidos, ha evitado suscribir los compromisos de Kyoto, ¿por qué Copenhague debiera significar un cambio relevante de las condiciones y exigencias que ya existen hoy?

Eso es no entender nada. Vamos por partes.

Comencemos diciendo que uno de los principales free-riders en materia de calentamiento global, Estados Unidos, vive un cambio de dirección que tendrá impacto profundo en este campo. Por una parte, el presidente Obama ha comprometido la presencia de su país en la conferencia. Me dirán que es sólo un ejercicio diplomático o cosmético. Respuesta equivocada. En sus primeros meses de gobierno, la administración norteamericana no sólo incluyó 100 billones de dólares en gasto verde como parte del plan de estímulo económico, sino que a través de la Agencia de Protección Ambiental declaró al dióxido y a otros cinco gases de efecto invernadero como amenazas a la salud, entre otras medidas. En paralelo, la Cámara de Representantes norteamericana aprobó en junio pasado la American Clean Energy and Security Act, cuyo objetivo es alcanzar para 2020 una reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero en un 17% comparándolo al nivel de 2005, y de 83% para el año 2050.

La Unión Europea se ha adelantado a Copenhague con su propio plan: Europa 20/20/20. Se trata de un ambicioso esfuerzo para lograr reducir sus emisiones de carbono en un 20% al año 2020 en comparación con las emisiones de 1990, reducir en 20% el consumo de energía y alcanzar un 20% de producción de energía primaria en base a fuentes renovables, también para el año 2020.

Mientras tanto, sabemos que importantes cadenas de supermercados que operan en Europa y Estados Unidos, como son los casos de Tesco, Casino y Wal-Mart, comienzan a exigir etiquetados ecológicos y, progresivamente, también de huella de carbono a los productos que esperan ser comercializados en sus locales.

Francia dicta la Ley Granelle 2 y establece que a partir de enero de 2011 los alimentos y sus derivados deberán informar sobre las emisiones de gases de efecto invernadero que generaron su elaboración y distribución. La exigencia es un requisito para la comercialización dentro del país de productos domésticos e importados y consagra legalmente la obligación de certificar la huella de carbono. La prensa nos informa, además, que el presidente Sarkozy ajusta los últimos detalles para anunciar un impuesto verde sobre el consumo de combustibles fósiles.

¡Esos son nuestros mercados! ¡Esos son los estándares que nuestros productos deberán cumplir!

Así, resulta imposible no recordar la voz de los astronautas en dificultades diciendo a través de la radio “Houston, tenemos un problema”.

Es cierto, bajo el liderazgo inteligente y tenaz de nuestra ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, un proyecto de ley que crea una nueva institucionalidad ambiental avanza en el Congreso, un programa de manejo de cuencas hidrográficas se desarrolla en zonas piloto, la normativa para control de emisiones de material particulado fino en nuestras ciudades va tomando forma y el ministerio de Agricultura desarrolla estudios para medir la cantidad de carbono que se libera a la atmósfera en los procesos productivos de los principales rubros agrícolas exportables… pero no basta.

El desafío que enfrentamos demanda un acuerdo político de envergadura, así como un trabajo de estrecha asociación entre agentes públicos y privados. No existe otra manera de permitir el tránsito gradual pero sostenido hacia la economía de baja intensidad de carbono que será nuestra llave de acceso al futuro.

Mientras tanto, seguimos discutiendo sobre el bono de marzo por 40 mil pesos…

Columna Revista Capital

Es cierto, no es muy sexy, pero...
Artículo correspondiente al jueves 25 de junio de 2009
http://www.capital.cl/blog/index.php?p=3105

¿Tiene sentido introducir cambios a la institucionalidad que regula, fiscaliza y fija tarifas a distintas áreas de servicios? Aunque está funcionando con cierto grado de efectividad, yo diría que hacer ajustes sí se justifica.

Hace pocos días fui invitado a comentar una investigación del economista de la Universidad de Chile Aldo González. Su trabajo tiene mérito. Entre otras cosas, porque se anima a abordar una de las temáticas menos sexy de los últimos años: la institucionalidad de los organismos que regulan las tarifas de los sectores eléctrico, de telecomunicaciones y de agua potable. Y eso es valioso porque, haciendo honor a la mejor tradición de la academia, nos invita a poner atención no sólo en lo urgente sino también en lo importante.

Un acierto del trabajo, me parece, es reconocer la efectividad que ha demostrado en el tiempo una institucionalidad que combina de manera poco ortodoxa arquitecturas institucionales variadas.

Un acierto del trabajo, me parece, es reconocer la efectividad que ha demostrado en el tiempo una institucionalidad que combina de manera poco ortodoxa arquitecturas institucionales variadas.

¡Qué decir de las interacciones entre los ministerios de Economía, Transportes y Telecomunicaciones y Obras Públicas! Una coordinación que puede convertirse en verdadero ejercicio de prestidigitación.

Y sin embargo, como nos diría Galileo, “se mueve”. Parecen funcionar al menos sus tareas más fundamentales. Entonces, ¿tiene sentido introducir cambios?

Yo creo que sí.

Las “cuestiones orgánicas” tienen importancia. La misma oposición, siempre renuente a incorporar estas variables en su análisis, hoy lo reconoce como necesario. ¿Qué otra cosa si no es el anuncio de eliminar la Secretaría General de Gobierno y crear un nuevo ministerio social? Es un esfuerzo por mejorar el “músculo” destinado a diseñar y ejecutar políticas que se consideran prioritarias.

Lo mismo ocurre en regulación de servicios básicos. ¿Por qué? En primer lugar, porque la variedad de diseños institucionales que conviven genera barreras de entrada para nuevos actores. Si queremos más inversionistas, nacionales y extranjeros, en sectores intensivos en inversiones y con niveles crecientes de competencia –como ocurre en telecomunicaciones–, la simplicidad de las reglas y de la arquitectura institucional que las sostiene es fundamental.

Concuerdo en esto con González. Superintendencias con funciones de regulación y fiscalización, cuyos directivos sean designados como parte del sistema de Alta Dirección Pública, parecen razonables no sólo para servicios sanitarios, como hoy ocurre, sino también para energía y telecomunicaciones.

En segundo lugar, no veo razón para mantener diluidas las responsabilidades de formulación de políticas en tres ministerios copados por múltiples otras tareas. En vez de mantener al ministerio de Economía como recipiente de aquello que no sabemos dónde va, sugeriría concentrarlo en lo que sabe hacer mejor: políticas de regulación de servicios y fomento productivo. Eso significa que las superintendencias de los tres sectores pasen a relacionarse con el gobierno a través de este ministerio. Fin de las dobles dependencias. El mismo ministerio puede además hacerse cargo, esta vez como complemento de sus tareas de política, de los diversos programas de fomento que existen asociados a estos servicios.

En tercer lugar, aún podemos mejorar la relación entre los reguladores sectoriales y los organismos de defensa de la libre competencia. Al menos dos cuestiones atraen de inmediato la atención. Por una parte, la necesidad de articular inteligentemente los objetivos sectoriales de nuestros reguladores, típicamente asociados a asegurar el financiamiento de inversiones eficientes, con la necesidad de evitar normas o prácticas que debiliten o impidan la competencia. Por otra parte, el desafío de evitar que en el ejercicio de sus denominadas funciones no contenciosas, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia dicte instrucciones que por falta de información o conocimiento de los mercados pueden resultar innecesarias, de escaso efecto o de difícil fiscalización.

Finalmente, es tiempo de asumir que nuestros reguladores requieren de mayor flexibilidad para contratar y retener profesionales de primer nivel. La gran calidad de muchos de quienes hoy, con vocación e inteligencia, desempeñan estas tareas no puede inhibirnos de reconocer el desborde cotidiano a que se ven enfrentados, dada la multiplicidad y complejidad de los desafíos que deben abordar.

Es cierto, no es sexy… ¡pero cómo ayudaría!

Columna Revista Capital

Bienvenida, Doña Juana

Artículo correspondiente al Jueves 14 de mayo de 2009

http://www.capital.cl/blog/index.php?p=3091

Ya no es la señora Juanita la figura atractiva que reinaba en el imaginario del mundo vertical y paternalista. Hoy nos relacionamos con Doña Juana. Con mayúsculas y sin diminutivos. Quizás con la misma apariencia frágil, pero que no titubea en ejercer sus derechos cuando percibe qué es lo justo y dispone de los medios para hacerlo.

Resulta difícil olvidar la imagen y el tono del presidente Lagos, con ese paternalismo que parecía garantizar que todo iba a estar siempre bien, haciendo referencia a “la señora Juanita”. De un día para otro, el personaje pasó a formar parte de nuestro lenguaje coloquial. Confieso que la misma señora Juanita cobró corporeidad en mi imaginación como una combinación perfecta entre la apariencia bondadosa de mi abuela Jesús y la fragilidad de las abuelitas que en el colegio o en diversas etapas de mi vida conocí en hogares de ancianos y clubes de adultos mayores.

Más allá de la anécdota, no puedo evitar asociar a la señora Juanita con un país vertical en el cual unos, que se encuentran en situación de preeminencia sobre otros, califican las dificultades que estos últimos puedan estar viviendo como inaceptables y toman, eventualmente, la decisión de intervenir para modificar ese estado de cosas.

Es cierto que resulta mejor la vida en una sociedad en la cual los “privilegiados” están dotados de una conciencia ética y una propensión a la justicia que tiende a minimizar las inequi-dades, versus aquella en la cual éstos sólo destilan egoísmo. Pero también lo es que resulta mucho más atractiva, al menos para mí, una sociedad democrática que reconoce la igualdad de quienes la componen y entrega consecuencialmente a cada uno de sus miembros los instrumentos necesarios para ejercer y tutelar los derechos que esa igualdad irroga.

Tímidamente, a la chilena podríamos decir, nuestro país comienza a desplazarse desde el primero hacia el segundo orden. Así las cosas, ya no es la señora Juanita la figura atractiva que reinaba en el imaginario del mundo vertical y paternalista en el que hemos estado acostumbrado a desenvolvernos.

Hoy más bien nos relacionamos con Doña Juana. Con mayúsculas y sin diminutivos. Si así lo desea, conserva la mirada bondadosa y la apariencia frágil, pero no titubea en ejercer sus derechos cuando percibe qué es lo justo y dispone de los medios para hacerlo. No pide permiso, para luego agradecer, si una entre tantas conciencias políticas bien dispuestas ha considerado pertinente ayudarla. Más bien desconfía de sus representantes políticos y comienza a identificar y utilizar los instrumentos que le permitan, sin intermediaciones, ejercer y proteger sus derechos.

Veamos lo ocurrido estos días a propósito del caso La Farfana. El año 2004, alrededor de 500 vecinos de las Villas Jahuel 1 y 2 de Maipú recurrieron a la justicia denunciando que la planta de tratamiento de aguas servidas había emitido durante largo tiempo olores insoportables por defectos en el proceso de tratamiento de lodos. ¿Se imagina usted la vida en esas condiciones? Molestias, dolores de cabeza, vergüenza de vivir en un lugar crecientemente estigmatizado. Fueron los propios vecinos los que decidieron actuar y lo hicieron sin esperar mediaciones políticas, que en su momento fueron insuficientes y lentas.

Hace pocos días, el 18° Juzgado Civil determinó que la empresa propietaria de la planta de tratamiento deberá cancelar 2.500 millones de pesos como indemnización. Es decir, alrededor de 5 millones para los 500 afectados por los olores insoportables emanados desde la planta.

Y en las imágenes de televisión, al comentar el fallo y anunciar su apelación para reivindicar el derecho a mejores compensaciones, ya no estaba la señora Juanita. Allí estaba Doña Juana, sin complejos, ejerciendo el derecho a una dignidad que tantas veces le han dicho debe esperar. Estoy seguro de que en el caso de La Farfana y en el rol que en él ha cumplido Doña Juana encontraremos las claves correctas para proyectar lo mejor de Chile.

Conozco a Doña Juana. Como ministro la vi reclamar indignadamente sus derechos. Pero también tuve el privilegio de descubrir en ella esa rara disposición a mirar la realidad de frente, a intentar comprender la naturaleza real de los problemas más allá de las respuestas simplistas y a soportar la adversidad cuando se entiende la complejidad de una tarea.

En pocos meses más elegiremos un nuevo presidente y renovaremos la mayor parte del Congreso Nacional. Día tras día me parece escuchar mensajes dirigidos a la señora Juanita. Cuidado. No es que ella no escuche. Es que quizás ya no está aquí.

Adiós, señora Juanita. Bienvenida, Doña Juana.

Acuerdo FASA-Fiscalía bajo la lupa de ex integrantes de la Comisión Resolutiva

Diario Financiero

Lunes 6 de abril de 2009

Por María Fernanda Gana A.

http://www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20090406/cont_109364.html 

Las visiones encontradas entre El abogado Sergio Espejo y el economista Francisco Labbé

Opiniones encontradas surgieron entre los ex integrantes de la desaparecida Comisión Resolutiva Antimonopolios  respecto del acuerdo que la Fiscalía nacional Económica (FNE) alcanzó con FASA en el marco de la investigación por supuesta colusión de precios entre las principales cadenas farmacéuticas del país.

El abogado Sergio Espejo, quien entre 2000 y 2002 presidió la Comisión Preventiva y luego integró la Resolutiva, hasta su desaparición en 2004, cuando dio paso al Tribunal de Defensa de la Libre Competenecia (TDLC), considera que la conciliación ayudó a despejar el caso y de paso permitió acelerar el trámite del proyecto que eleva las facultades de la FNE.

“La Fiscalía cuenta hoy con un fuerte elemento de prueba con el que no contaba antes y, por otro lado, sin perjuicio de lo que ocurra en este caso, el avance en el Congreso de las normas que fortalecen el actuar de la FNE será un instrumento muy importante para evitar que estas prácticas se repitan”, explicó.

Agregó que si este caso se hubiera dado en tiempos de la Comisión Resolutiva, probablemente todo el proceso habría sido distinto.

“Es muy difícil que en la Comisión Resolutiva las cosas hubieran sucedido como ahora, porque se trataba de una institucionalidad precaria, basada en una participación ad honorem de las personas,  haciendo el trabajo con parte de un tiempo que finalmente no destinanábamos a nuestras funciones principales”, apuntó.

¿Colusión o “efecto manada”

“El hecho de que FASA se haya declarado culpable, no asegura que lo sea, pues si tengo que elegir entre pagar una multa de US$ 15 millones  o ahorrarme buena parte de esa cantidad, pareciera mejor declararse culpable”.

Esa es la visión del economista Francisco Labbé, que participó en la Comisión hasta 2004, quien estima que tanto como colusión, la conducta que investiga la FNE también podría corresponder a lo que se denomina “efecto manada”, donde basta que un actor suba los precios para que el resto lo siga. “Es cosa de ver el mercado de las AFP donde lo que hace Provida, que es la primera del mercado, es seguido por los demás”, aclaró.

A su juicio, el hecho de que haya igualdad de precios, no significa que necesariamente exista colusión.

Labbé agregó que el requerimiento de la Fiscalía se convirtió en un “incentivo” para que FASA o cualquiera de las otras dos cadenas llegara a una conciliación, aunque efectivamente pudieran no estar coludidas.

En este punto, señaló que en primer término “jamás se debió permitir la fusión de Salco y Brand” (2001) y que las tres controlaran el mercado, lo que -dijo- hace que el TDLC y la FNE sean las culpables de la situación actual.

Espejo: “Debe aprobarse la ley de delación compensada”

Diario La Nación
Jueves 26 de marzo de 2009
Por Álvaro Medina / La Nación

El ex ministro de Transportes y ex integrante de la Comisión Resolutiva Antimonopolios, Sergio Espejo, actualmente se desempeña como profesor de Industrias Reguladas en las escuelas de Economía de la Universidad de Chile y de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Desde esa posición, es drástico al afirmar que la colusión es un atentado gravísimo a la librecompetencia y que la solución a este problema está en un proyecto de ley que se discute en el Congreso.

¿Por qué es posible que ocurra este tipo de concertación de precios en Chile?

En las economías de mercado, en todas ellas, es posible apreciar esfuerzos de algunos agentes económicos por concertarse para manipular en su beneficio el sistema de precios. Por eso es crucial la institucionalidad de defensa de la libre competencia, particularmente en casos como el de la colusión, que debe ser, probablemente, no sólo la conducta más grave en contra de la libre competencia, sino también la más difícil de probar.

¿Es sostenible la versión de FASA en orden a que los responsables de esta colusión fueron "algunos" ejecutivos y no la compañía?

A mí me parece que eso es enteramente irrelevante. El requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica se dirigió contra compañías, contra personas jurídicas. Son ellas quienes han aportado antecedentes, negado su participación y son, por tanto, ellas las que deben responder en esta fase jurídicamente frente a este ilícito.

¿Qué debe ocurrir en Chile para evitar que esta situación se repita?

Me parece que esta conciliación, este acuerdo, es una advertencia muy importante a quienes se oponen la aprobación en el Congreso, de la norma que permite la delación compensada, por atentados contra la librecompetencia. La delación compensada es el instrumento que en Estados Unidos, en la Unión Europea, en el caso de nuestra región, en México, en Brasil, en la República del Salvador, sirve para un desincentivo eficaz de las prácticas colusorias. No podemos esperar la buena voluntad de una compañía o que siga pasando tiempo para contar con los instrumentos más eficaces para prevenir este tipo de hecho.

Sergio Espejo a dos años del Transantiago "Somos piezas dentro de un engranaje y me tocó una difícil"

Diario La Segunda, sección "Yo me levanté", Martes 27 de enero de 2009.

http://www.lasegundadigital.com/modulos/catalogo/Paginas/2009/01/27/LUCSGEC20SG2701.htm

http://www.lasegundadigital.com/modulos/catalogo/Paginas/2009/01/27/LUCSGEC21SG2701.HTM

Columna Revista Capital

La crisis y el medio ambiente
Artículo correspondiente al Jueves 22 de enero, 2009

Es evidente que la inevitable tensión entre actividad productiva y medio ambiente se verá acrecentada en esta etapa.

Nos hemos acostumbrado a escuchar que la protección del medio ambiente y las exigencias asociadas a la competitividad y al desarrollo económico son incompatibles. Cuando afirmar aquello resulta políticamente incorrecto, se recurre entonces a la idea de que las cuestiones ambientales son parte de un catálogo de valores propio de países más desarrollados que el nuestro. Chile tendría que preocuparse prioritariamente de crecer. Luego vendría el tiempo de preocuparse del medioambiente. No es necesario ser adivino para prever que los argumentos en esa dirección se verán fortalecidos en lo que queda de una crisis económica que aún tiene largo camino por recorrer.

Me parece un error.

La protección del medio ambiente ya no es una opción. Es una condición esencial para asegurar estándares de calidad de vida básicos para nuestra población, permitir a nuestra economía insertarse exitosamente en el mundo y reconectar a los chilenos con su democracia.

Pero tampoco podemos ser ciegos. Es evidente que la inevitable tensión entre actividad productiva y medio ambiente se verá acrecentada en esta etapa. Por eso debemos anticiparnos a construir acuerdos técnicos y políticos en aquellas materias en que esta tensión pueda ser atenuada y canalizada positivamente.

Por ahora, planteo sólo tres cuestiones en esta dirección.

El primer desafío es superar el provincianismo que nos hace creer que nuestras decisiones y conductas como país sólo nos competen a los chilenos. Eso no sólo es infantil sino, además, irresponsable. Cuando los delegados a la Conferencia ONU sobre Cambio Climático se reúnan a fines de año en Copenhagen, definirán regulaciones que afectarán nuestra oferta de productos y servicios. No nos engañemos. Aun cuando esa conferencia termine en punto muerto, es sólo cuestión de tiempo para que nuevas y más estrictas exigencias en materia de emisiones de carbono entren en vigor. Y cuando ello ocurra, ¿alguien podría sostener seriamente que los países más desarrollados que constituyen mercados de destino para nuestros productos, aquellos que diseñarán y se someterán a estas mayores exigencias, no las harán también efectivas respecto de Chile? Esto, obviamente, sin mencionar el próximo ingreso de nuestro país a la OECD.

Conocer y adaptarse a este “entorno regulatorio global” será una exigencia central de los próximos años.

En segundo lugar, es indispensable abordar cuanto antes la debilidad normativa del sector. Contrariamente a lo que pudiéramos creer, lo que se ha multiplicado en el país no es la regulación ambiental propiamente tal, sino que las decisiones administrativas sectoriales con impacto ambiental. Es lo que un abogado experto en materias administrativas definía como una regulación “episódica”.

En buen chileno, eso significa que lejos de construir un piso de regulación consistente y técnicamente sustentable, lo que tenemos es una gran variedad de instituciones públicas que siguen dictando normas con impacto ambiental sin ninguna exigencia de coherencia o coordinación. El resultado es lamentable desde el punto de vista de la protección del medio ambiente y también lo es desde el punto de vista de la actividad económica. El proyecto de ley que reforma la institucionalidad ambiental busca enfrentar parcialmente esta cuestión, pero es insuficiente. Finalmente, el debate ambiental no podrá eludir las exigencias crecientes por participación ciudadana. Cuando uno de cada cuatro proyectos aprobados o en tramitación en el Sistema de Calificación Ambiental presenta algún conflicto con la comunidad, la señal es demasiado potente. La principal advertencia aquí es que eludir este tema, apostando a resolverlo caso a caso, sólo puede resultar más caro para quienes quieran emprender e inútil para proteger el medio ambiente.

Aún más: eludir el debate en torno a la participación ambiental es un camino seguro a aumentar el distanciamiento de las personas con su democracia y con el valor de lo público y la política. Es obvio. Las personas exigen cada vez más del sistema político, y mientras esperan trabajo y condiciones laborales adecuadas, también demandan que sus familias crezcan y se desarrollen en un ambiente sano.

A menos de un año de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, los chilenos debemos comenzar a debatir sobre estas cuestiones. Ellas no serán sólo importantes durante la crisis. Se trata, probablemente, del que será uno de los debates centrales durante las primeras décadas de este siglo: cómo potenciar nuestra capacidad productiva protegiendo la calidad de vida de las personas y el entorno en que vivimos.