jueves, 10 de diciembre de 2009

Columna Revista Capital

Cuadrar el círculo

Artículo correspondiente al jueves 10 de diciembre de 2009


En un mundo globalizado, cuando nuestras empresas fallan, es Chile el que falla. La ley de nueva institucionalidad ambiental da pasos positivos en esta dirección. Será necesario difundirla mucho más.


Son gran ojo periodístico, Capital ha sido persistente en presentar durante 2009 distintas facetas de la discusión ambiental nacional e internacional. Se trata de una cuestión clave para nuestro desarrollo, cruza fronteras geográficas y políticas y a su respecto existe además controversia científica. Por mi parte, en columnas anteriores he procurado mostrar de qué manera el elevar nuestros estándares ambientales es condición indispensable no sólo para mejorar la calidad de vida de los chilenos, sino también para competir con éxito en los mercados internacionales.

Sin embargo, es necesario reconocer que avanzamos intentando cuadrar el círculo.

Por un lado, ¿cuáles son los estándares ambientales que deberemos cumplir para poder competir? En medio de serias dificultades para alcanzar un acuerdo internacional post Kyoto que controle las emisiones de gases de efecto invernadero, las exigencias resultan una combinación compleja de regulaciones domésticas, modelos comerciales y acuerdos internacionales.

No es fácil moverse en este escenario. Hace pocos días, exportadores de choritos en Chiloé (el mundo real de nuestra small open economy) me describían los malabares que tienen que hacer para mantenerse al día con las exigencias de sus mercados de destino, la mayor parte en Europa. Lo más impresionante es que su preocupación no era ni siquiera poder cumplir con esas exigencias, sino lograr conocer con claridad y anticipación cuáles eran éstas.

Por otro lado, nuestra regulación ambiental –en aquello en que la tenemos– está compuesta por una gran variedad de normas sectoriales, fiscalizadas por diversas instituciones públicas que habitualmente actúan aplicando criterios mutuamente divergentes.

Para resolver esta situación y siguiendo las mejores prácticas internacionales, hemos aprobado hace pocos días el proyecto de ley que crea el ministerio del Medio Ambiente, la Superin-tendencia y el Servicio de Evaluación Ambiental. Les seguirá en un plazo razonable el Tribunal del Medio Ambiente.

Soy un firme partidario de esta reforma. Pero, ¿se imagina usted la magnitud del ejercicio de adaptación que nuestra economía deberá vivir en un contexto de incorporación progresiva –necesaria, por cierto– de normas de emisión y calidad, así como de incremento en la fiscalización ambiental?

Frente a estos desafíos, me parece importante que no escondamos la cabeza bajo la tierra, al modo del avestruz, ni intentemos cuadrar el círculo minimizando la complejidad de la tarea.

En primer lugar, intuyo que estamos dejando que los costos de la adaptación productiva sean problema de todos y, por lo tanto, de nadie. Esto no tiene lógica. Si creemos que esta adaptación es no sólo necesaria sino además costosa, así como sabemos que ella impactará en la línea de flotación de empresas y empleos, ¿no deberíamos conversar sobre la forma en que la financiamos y los plazos necesarios para ello?
En segundo lugar, ¿realmente creemos que esta adaptación productiva es posible sin avanzar más en la modernización del principal encargado de diseñar y ejecutar dichos estándares, el Estado? La nueva institucionalidad ambiental no será respuesta suficiente. ¿O se imagina usted el relanzamiento de la actividad acuícola nacional con la misma precaria institucionalidad pública que, en combinación con la falta de prolijidad de algunos privados, hizo posible la crisis de la salmonicultura?

Por último, ¿seguiremos creyendo que es posible una estrategia de desarrollo ambientalmente sustentable sin revisar los enfoques tradicionales de la acción pública? Mi impresión es que el objetivo político debe ser facilitar y estimular la adaptación productiva y el cumplimiento normativo. Es decir, nivelar hacia arriba, adoptar un enfoque de acción y fiscalización preventivo antes que punitivo. Es obvio que parte importante de nuestras empresas está fuera de estándar. Muchas de ellas, por falta de conocimiento o de financiamiento. Entonces, ¿acaso no constituye un objetivo de país empujarlas en la dirección correcta en vez de tranquilizar nuestra conciencia amparándonos en la consigna de que el Estado sólo debe preocuparse de fiscalizar y los privados de cumplir la normativa? En un mundo globalizado, cuando nuestras empresas fallan, es Chile el que falla. La ley de nueva institucionalidad ambiental da pasos positivos en esta dirección. Será necesario difundirla mucho más.

Chile ha enfrentado pruebas más difíciles. Estoy seguro de que superará esta con éxito. Pero primero tenemos que renunciar a intentar cuadrar el círculo.